Un país en deuda consigo

El comportamiento de la economía y el empleo en el anterior ejercicio posibilitaron que nuestro país se asomase al final de la pandemia y a la recuperación sobre bases solventes, aunque sin resolver sus problemas estructurales. La propia reforma laboral vio la luz mientras Rusia desplegaba su cerco sobre Ucrania. No es casual que ya no se haga siquiera mención del Next Generation. Las ayudas europeas parecen hoy más de resiliencia que de transformación, y han pasado a formar parte de un telón de fondo empequeñecido. Su distribución entre la digitalización, la transición ecológica y la cohesión social se tambalea ante el peligro cierto de la inanición energética para la zona más pujante de la Unión.

Es en ese contexto en el que la acción pública no tiene más remedio que emplearse sin respiro en una España obligada a obtener la máxima rentabilidad de cada euro; entre otros motivos, para aminorar así la carga deudora que se transmita a los más jóvenes. Los 16.000 millones anunciados en ayudas directas y avales revelan una contención que no tendría que ser tal si el Gobierno estuviese más seguro de los efectos reales de la inyección. El monto de la deuda contraída de ese modo puede resultar tan asumible como limitado en sus efectos. Resultaría más eficiente agilizar la puesta en circulación de los fondos europeos, aunque las instituciones actúan como ni no fuesen capaces de asumir al mismo tiempo ambas tareas. En cualquier caso, es imprescindible despejar el escenario político de la discusión sobre fiscalidad mediante un contraste de pareceres riguroso entre el Gobierno y el primer partido de la oposición.