El 87% de los ayuntamientos no ha presentado su plan para las Zonas de Bajas Emisiones

A lo largo del año que viene todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que implantar zonas de bajas emisiones en su territorio, obligados por la normativa de la Unión Europea. Se trata de una medida que afecta a casi 150 ciudades y que limitará la circulación de los vehículos más contaminantes, unos cuatro millones de coches.

Pese a que la medida es inminente, ya que la implantación de las conocidas como ZBE deberá ser efectiva a lo largo de 2023, tan solo el 87% de los municipios afectados ha presentado su correspondiente plan, según denuncian desde la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval).

Desde esta organización aseguran que solo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) han «iniciado la presentación de sus medidas», por lo que ha urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

Por ello desde Aneval piden «claridad» a los ayuntamientos al tiempo que les ha apremiado a publicar las normativas «con cierta antelación» para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente.

También ha solicitado que se ponga en marcha «lo antes posible» la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico (DGT) y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones.

Tanto el rent a car, que desde Aneval consideran que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador «requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones». Esta plataforma debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una ZBE.

Según el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada, «nuestro espíritu como máximo exponente del coche compartido es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes pero, siempre y cuando, las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad. Y pedimos a las Administraciones locales que cuenten con nosotros a la hora de desarrollar estrategias de movilidad».

El sector del rent a car confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos.

Consideran que «la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas». Como ejemplo mencionan el último borrador de Ponferrada (León), que permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C de la DGT(ampliables si se pagan 25 euros). Sin embargo las localidades de Santander y Torrelavega no implantarán las ZBE antes de 2024.

En este contexto, el rent a car recuerda que es una alternativa sostenible a la movilidad en las ciudades, con una flota joven, segura y limpia, en la que 7 de cada 10 vehículos son de bajas emisiones, es decir, emiten menos de 120 gramos de CO2 por km, y 9 de cada 10 coches se renuevan cada año.