Miranda retoma el proyecto de la piscina climatizada con la adjudicación a Yárritu-Ojembarrena

En la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, se señala que el asunto carece de «interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia», además de especificar que queda fuera de este recurso la revisión de la actualización del precio que se determinó hace un año, en la sentencia dictada por el TSJ el 14 de octubre de 2024, sobre las que las empresas recurrentes mostraban sus discrepancias.

Así que ahora, una vez certificado judicialmente que contra la resolución del Supremo no cabe recurso alguno, la Alcaldía va a solicitar al departamento de Contratación y Patrimonio que lleve a cabo los trámites necesario para dar un impulso administrativo al proyecto y completar la adjudicación de la obra que en su día recayó sobre Yárritu-Ojembarrena.

De manera paralela, evidentemente, el Ayuntamiento, en su presupuesto municipal para 2026 tendrá que habilitar una partida para financiar una obra cuyo coste ascenderá a 3,7 millones de euros, atendiendo a lo establecido por el TSJ. Hay que recordar que durante varios ejercicios el Consistorio mantuvo parado el dinero necesario para la obra, pero ante la dilación del procedimiento en la vía judicial, el pasado año se optó por emplear esa partida para otras inversiones.

Aunque también hay que contemplar el escenario de que las empresas adjudicatarias renuncien a ejecutar la obra. Entonces, atendiendo a lo establecido en la ley tendrían que hacer frente a una indemnización al Ayuntamiento de unos 113.000 euros, el 3% del importe de adjudicación en 2018, que fueron 3,4 millones.

También hay que tener en cuenta que el importe global que el Consistorio abonaría por la obra, los 3,7 millones están muy lejos de los 5,2 que pedía la Yárritu-Ojembarrena por levantar el proyecto, según el informe pericial que incluyeron en su recurso ante el contencioso administrativo.

La cantidad estipulada por el Consistorio era la resultante de sumar, a los 3,4 millones por los que se adjudicó la obra en 2018, otros casi 350.000 euros para compensar el aumento de los precios que había registrado el sector desde esa fecha hasta octubre de 2021, que fue cuando se hizo la adjudicación definitiva del proyecto a la UTE.

La primera licitación para el proyecto se remonta a junio de 2018. Entonces recayó por 3,4 millones en la Yárritu-Ojembarrena, que después fue descartada por un defecto de forma. Para la segunda licitación se optó por un proceso negociado sin publicidad, al que concurrieron sólo dos empresas, pero la UTE adjudicataria inicialmente acudió a los tribunales y volvió a ser reconocida como adjudica. Eso fue en mayo de 2021.

En octubre de 2021 el Ayuntamiento formaliza la adjudicación por 3,4 millones. Decisión contra la que la UTE presentó un recurso de reposición y se desestima; pero en ese expediente se incluye un informe del arquitecto municipal que eleva a 3,7 el precio de ejecución. Cifra que el abogado de la constructora asegura que no se incluyó en ninguna resolución recibida, por lo que acude al juzgado.

En primera instancia, el juzgado estimó parcialmente la petición de las empresas, en lo referente a la revisión del presupuesto por un perito judicial atendiendo a los criterios del informe presentado por la UTE.

Entonces fue el Ayuntamiento el que recurrió al TSJ que estimó en parte su petición, avalando su cálculo presupuestario. Eso fue en octubre del año pasado.

Después el caso pasó al Tribunal Supremo que acaba de inadmitir a trámite el recurso de casación.