El debate de Hacienda: ¿nuevo límite para pagar con dinero en efectivo?

Desde la aprobación en julio de 2021 de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en España el tope para cualquier pago realizado por un particular a un empresario o profesional está establecido en los 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera. Se trata de un límite que ya ha sido cuestionada por Bruselas y que ahora también pone en entredicho el Instituto de Estudios Fiscales, considerado el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda.

Según publica el ABC, una investigación patrocinada por el Instituto de Estudios Fiscales aboga por «modificar o reformular esta media» para «estar en consonancia con la política del BCE y con los postulados del Derecho de la UE». El Consejo Europeo acordó en diciembre limitar los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros. Se trata de un límite que cada estado miembro puede rebajar, por lo que los 1.000 euros vigentes en España son legales, aunque resulten muy alejados del nivel de tolerancia de Bruselas.

Es decir, que a pesar de los esfuerzos de algunos países europeos para acabar con los pagos en efectivo o reducirlos al máximo posible estableciendo una relación directa entre esas medidas y el incremento de la recaudación fiscal, la UE opta por preservar un medio de pago que si bien pierde terreno sigue el favorito de los europeos. El metálico puede ser un cobijo para la economía sumergida, pero también evita la llamada exclusión que sufriría una parte de la población que no se maneja con la digitalización y a la que el uso de dinero contante y sonante da seguridad.

Antes la aprobación de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en España este límite estaba en los 2.500 euros, una cifra ya muy alejada de los 15.000 que se podían pagar en 2012. Según informa ABC, la plataforma Denaria, una asociación que defiende los intereses conjuntos alrededor de la defensa del efectivo, está manteniendo contactos con Gobierno y partidos para establecer ese límite en los 5.000 o los 10.000 euros, una postura que ahora podría verse reforzada por el estudio del Instituto de Estudios Fiscales.