Un peritaje judicial sitúa el valor del IMQ por encima de los 280 millones de euros

El asunto que ha dado pie a este peritaje recaló en el juzgado en 2019, justo en el momento en que estallaba la batalla entre los accionistas. Había fallecido un médico accionista del IMQ y el tutor de uno de sus herederos consideró injusta la cantidad que le ofrecía la compañía: 67.000 euros. Tras un intento falladio de negociar el asunto con los directivos de IMQ decidió interponer una demanda, al considerar que el denominado «valor razonable», no hacía honor a su apellido. La cifra se establece año a año por parte de IMQ, en base a un informe de un auditor, pero había razones suficientes para sospechar que la objetividad no era uno de los atributos de la cifra.

El juicio que se celebró ayer en la Audiencia de Bilbao puso de manifiesto lo que ya se conocía. En ausencia de un valor de mercado -las acciones de IMQ tienen un derecho de retracto por parte de la compañía que impide en la práctica que exista una opción libre de venta-, fijar una cifra es complicado. Pero entre complicado y artificial hay un mundo de distancia y los acontecimientos sitúan la fijación del valor de estas acciones en el terreno del ilusionismo mercantil. Así, el precio de recompra de las acciones en 2018 fue dijado en 67.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos, lo que situaba el valor de la compañía en apenas 78 millones de euros. A mediados de 2019 el valor de cada paquete se elevó a 99.000 euros y en junio del pasado año en 173.000, para elevar la valoración del grupo hasta 202 millones de euros. ¿Como es posible que el valor de la empresa se hubiese triplicado en apenas tres años, teniendo en cuenta que no había ocurrido nada excepcional en ese periodo? ¿Magia?

En el trasfondo de la demanda que se vió ayer en el juzgado y en el pensamiento de un amplio colectivo de médicos propietarios de IMQ subyace una idea clara. Explicado en términos sencillos, el supuesto «valor razonable» era en realidad un señuelo, una cifra táctica, que tan solo respondía a los intereses de cada momento. Durante un buen número de años ese valor se mantuvo bajo para intentar incorporar nuevos accionistas, a un precio atractivo, aunque ello supusiese un desprecio olímpico por los intereses económicos de quienes abandonaban la sociedad. Su incremento fulgurante en los dos últimos años no ha sido sino otro movimiento táctico, para intentar contener la ola de reclamaciones de los accionistas que querían vender sus títulos.

Al margen de la decisión que adopte el juez -el demandante reclama que al heredero se le aplique un valor razonable y justo por sus acciones-, el peritaje encargado por el juzgado introduce una referencia para las negociaciones que están en plena ebullición. De un lado las del propio consejo de administración de IMQ, que trata de obtener un compromiso de SegurCaixa Adeslas de adquiriri todas las acciones que se pongan a la venta y no puedan ser absorbidas por la autocartera de la sociedad. De otro, también supone un reto para Ademi, la asociación que se opone a que los médicos pierdan el control de la sociedad, ya que les obliga a ofrecer a sus compañeros de accionariado un salida que, al emnos, empate con esas valoraciones. Incluso, advierten fuentes cercanas al IMQ, el peritaje se ha realizado para una valoración en el ejercicio de 2018 que ya ha podido quedar desfasada.