El Gobierno vasco destina casi 16 millones para liberar de su trabajo a 724 sindicalistas
El número de delegados con horas para tareas de representación laboral se reduce desde 2011 pese al crecimiento de las plantillas con eventuales
El Gobierno vasco destina anualmente 15,9 millones de euros para financiar a los 724 liberados sindicales de la estructura de la Administración del Ejecutivo ... y de la red de entes autónomos y sociedades públicas. Las cifras reflejan un cierto ajuste sobre las últimas que se hicieron públicas en 2011, cuando en plena crisis financiera el Gobierno de Mariano Rajoy planteó un recorte importante en estas retribuciones. Entonces, los liberados para trabajar en representación de los trabajadores de la Administración autonómica vasca eran 843 y el coste ascendía a 16,4 millones de euros.
De los 724 liberados de los que el Ejecutivo ha dejado constancia en diversa documentación trasladada al Parlamento, 379 lo son a tiempo completo y 345 son representantes con disponibilidad de horas en su jornada laboral para estas tareas. En cuanto al coste, el montante del salario de estos trabajadores que cuentan con el 100% de su jornada y las horas de los que tienen disponibilidad parcial asciende a 9 millones de euros, mientras que los contratos de sustitución alcanzan los 6,9 millones. Y es que, según explican desde el Gobierno vasco, solamente se sustituye a aquellos liberados que destinan toda su jornada a tareas de representación de los trabajadores.
100.000 trabajadores
La estructura del Gobierno acoge a unos 100.000 trabajadores, detalla el responsable de servicios públicos de ELA, Igor Eizagirre, pero con diferentes tipologías de contratos. Por un lado está lo que se conoce como Administración general, que engloba el personal de los diferentes departamentos del Ejecutivo. Según constata el Eustat, y contabilizando solamente aquellos contratos con una duración de más de seis meses, son un total de 8.083 empleados que cuentan con 124 liberados, con un coste de 1,57 millones de euros. ELA tiene 55 delegados, por 44 de LAB, 29 de CC OO y 19 de UGT. La plataforma que aglutina los intereses del personal interino tiene once representantes, y diferentes centrales de la función pública cuentan con una decena de personas para estos cometidos.
Osakidetza concentra la mitad de los liberados a tiempo completo seguida de Educación, con un centenar de trabajadores
Osakidetza, con una plantilla que con la pandemia llegó a picos de entre 33.000 y 35.000 trabajadores, es el organismo que más liberados tiene, con 269, de los que 176 lo son a tiempo completo, el 46% de todos los que hay en el sistema público. El coste de estas horas sindicales asciende a 3,9 millones de euros. A estos, se añaden los profesiones del sistema educativo, con 30.021 empleados y 99 liberados a tiempo completo. La Ertzaintza, con 38 liberados que suponen 1,9 millones de euros, cuenta con una excepcionalidad, y es que la Policía autonómica no sustituye a los agentes que se centran en tareas sindicales.
En el entramado de los entes públicos destaca EiTB, que con sus empleados en televisión, radio e internet genera 69 liberados. Solo dos lo son a tiempo completo, aunque el coste total asciende a 427.800 euros. Lanbide tiene 40 liberados, de los que diez lo son a tiempo completo. El Ente Vasco de la Energía suma cinco, al igual que Euskotren, por los seis de la Agencia Vasca del Agua.
Acuerdo marco de 1988
El mecanismo que ajusta el reparto de horas sindicales entre los delegados reside en el Acuerdo Marco de 1988 que desarrolla la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El procedimiento fija una cantidad de horas en función del número de trabajadores, que va desde las 15 horas mensuales por 100 empleados, hasta las 40 horas por 751 trabajadores. Una vez asignadas, son los sindicatos los que deciden cómo agruparlas para obtener más o menos liberados.
Desde ELA, la central con mayor representación en la función pública vasca, su responsable de este área, Igor Eizagirre, destacó ayer este punto al recordar que se trata de «la aplicación de la normativa» y defendió un sistema que sirve para garantizar «en empresas públicas y privadas el trabajo de los sindicatos». Además, recordó que en el Gobierno vasco no se ha recurrido a ampliar esas horas, ajustándose al mínimo recogido por la ley.
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