La intermediación de Lanbide cae al 3,14% en plena reforma del organismo

Por mucho que estos bajos porcentajes se repiten en la mayoría de los servicios públicos de empleo, lo cierto es que Lanbide admite que tiene un amplio margen de mejora. La evaluación de la Estrategia Vasca de Empleo –la hoja de ruta que fija la política laboral hasta 2030–, presentada este lunes en el Parlamento Vasco, subraya la necesidad de que el organismo, centrado en los últimos años en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), refuerce su relación con las empresas y avance hacia un trato más individualizado a las personas desempleadas.

La reforma de Lanbide para ganar eficacia constituye, de hecho, uno de los ejes de la Ley Vasca de Empleo, aprobada hace dos años. La norma, todavía por aplicarse, establece que cada persona en paro disponga de un profesional de referencia que asuma su seguimiento. En un plazo máximo de dos meses deberá elaborar un diagnóstico de su situación y, en el mes siguiente, diseñar un itinerario con la formación y el acompañamiento necesarios para facilitar su incorporación al mercado laboral.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegi, ha explicado que, aunque este año Lanbide ha contactado «de forma masiva» por primera vez con las personas inscritas, los resultados no han sido los deseados: la tasa de intermediación se mantiene en torno al 3%, el mismo nivel de los últimos años. «Hay inercias que tenemos que romper. Si los parados sienten que Lanbide nunca ha hecho nada por ellos, pensarán que ahora tampoco lo hará. Y lo mismo ocurre con las empresas», ha advertido, para después reclamar un diálogo más estrecho entre el servicio público y el tejido empresarial.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Cerros, ha incluído a Lanbide en la carpeta de «retos pendientes» y destacó los resultados positivos de su estrategia de empleo. Ha destacado que desde que esta entró en vigor en 2021 la tasa de temporalidad ha descendido del 29% al 16,7%, la de parcialidad no deseada del 50,9% al 45,3% y que «se ha incrementado la cobertura por los convenios colectivos».

Torres ha recordado que los salarios han crecido por debajo del IPC, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Entre las asignaturas pendientes ha subrayado la necesidad de elevar la tasa de actividad, estancada en el 56,2%. También ha apuntado a la urgencia de revertir otros dos problemas estructurales: la baja inserción de los jóvenes y las dificultades de empleabilidad entre los mayores de 55 años.