El Gobierno vasco teme la venta de ITP a corto plazo y planea incrementar su inversión

Bain compró ITP a la británica Rolls Royce en septiembre de 2022, tras una larga negociación y después de recibir la autorización del Gobierno español. La firma tiene su sede en la localidad vizcaína de Zamudio y fabrica componentes para motores de aviación -algunos de ellos para aviones de combate-, además de ser la responsable del mantenimiento de la fuerza aérea del Ejército español. Bain pagó 1.600 millones por las acciones, pero ya ha recuperado una parte importante de esa inversión en poco más de dos años, aproximadamente la mitad. La venta de participaciones accionariales a JB Capital, al Gobierno vasco y a Indra, junto a un dividendo extraordinario que cobró tras endeudar a la empresa, le han permitido ingresar algo más de 800 millones de euros.

El Gobierno vasco también ha percibido las señales que Bain ya ha lanzado al mercado financiero y que en la liturgia inversora se traducen con claridad como «deseo de venta a corto plazo», que en el caso de una compañía que requiere autorizaciones gubernamentales para cambiar de manos nunca es de hoy para mañana. Esas señales de comenzar a calentar la venta -que se traducirían en una salida a Bolsa o en la búsqueda de otros fondos que ocupen su papel-, apuntan fuentes financieras, son las continuas apelaciones de los representantes de Bain al futuro esplendoroso de la compañía y a una valoración galáctica de la misma: 5.000 millones frente a los 1.600 en que se valoró cuando ellos la compraron, hace tan solo dos años y medio.

«Estar preparados para un movimiento de este tipo», aseguran desde el Ejecutivo vasco, es una de las razones que ha llevado al gabinete de Imanol Pradales a diseñar un endeudamiento extraordinario de mil millones de euros -aún debe ser aprobado por el Parlamento, aunque PNV y PSE tienen mayoría absoluta-, para destinarlos a tomas de participaciones en empresas. Si el Gobierno vasco destinó a finales de 2022 un total de 65 millones a comprar el 6% de ITP -una parte de las acciones las adquirió a crédito-, ahora se estima que tendrá que destinar una cifra muy superior a los 150 para conseguir el nuevo objetivo: superar una participación del 10% en la empresa. Un porcentaje, señalan, que daría más garantías de cara a la estrategia de retener su centro de decisión en el País Vasco.

Por otra parte, el Gobierno central también quiere reforzar su posición en la compañía vasca, que se materializó en agosto de 2023 con la entrada en el accionariado de Indra. La operación, al parecer, se instrumentaría de forma directa mediante una inversión de la SEPI o de Indra, si esta compañía tiene pulmón suficiente dentro de su ambicioso esquema de crecimiento. A la compra de Hispasat y a la posibilidad de que absorba la empresa Santa Bárbara, se une el deseo de adquirir Escribano. La empresa vasca de defensa SAPA -pese a que son accionistas de Indra- quedaría fuera de esta estrategia de concentración, concluyen fuentes del sector.