IMQ admite que el blindaje de sus estatutos era «lesivo» para los accionistas

La peripecia, en cualquier caso, puede ahondar en el enfrentamiento entre los diferentes intereses que conviven en IMQ: el de quienes quieren vender libremente las acciones, el de quienes no quieren que los médicos pierdan jamás el control y también el de quienes tienen grandes intereses económicos con la estructura actual de la sociedad y quieren mantenerlos. Un gran lío, en cualquier caso.

En el verano de 2019, el consejo de la Sociedad de Médicos -la sociedad de cartera que aglutina las participaciones accionariales- aprobó una alambicada modificación de los estatutos de la compañía que actúa como subholding y que es la que desarrolla la operativa de todo el grupo. En un movimiento de arquitectura jurídica -precisamente lo que está en cuestión es si fue una obra maestra o una chapuza integral-, apenas una docena de personas aprobaron un conjunto de medidas que reducían de forma extraordinaria la capacidad de decisión de los accionistas. El Montepío, la gestora del fondo de pensiones de una parte de los médicos -algo más de 600, frente a los 1.100 accionistas-, con el 0,01% de participación accionarial en el grupo, se convertía en la llave de cualquier modificación de estatutos que quiera hacerse en el futuro. La decisión, además, ni siquiera fue sometida a la consideración del consejo de la sociedad Grupo IMQ, cuyos estatutos eran objeto de cambio y en el que participaban cuatro consejeros independientes.

Un accionista, el presidente de la PAI, la asociación que aglutina a los médicos que propugnan una venta libre de las acciones de IMQ al mejor postor, decidió impugnar esos acuerdos y este martes debía celebrarse la vista. IMQ, en este caso como demandada, decidió «allanarse» en la demanda y aceptar lo que reclamaba el demandante. Así lo decidió el consejo de administración al considerar que, como argumentaba el demandante, aquel blindaje fue «lesivo para los intereses de los accionistas».

También aceptó el consejo de IMQ que cuando aprobó el blindaje -algunos de los actuales vocales estaban ya en el verano de 2019, entre ellos la actual presidenta, Beatriz Astigarraga- lo hizo con una «información parcial y errónea». Y bajo la supuesta amenaza de la entrada de un «fondo buitre» en el accionariado y, también, con la convicción de que el mismo consejo podía dar marcha atrás «cuando así lo decidiese». Lo cierto es que esto último no era cierto: el blindaje es de tal magnitud que lo que decida el Consejo de Médicos, incluso su junta de accionistas, está ahora condicionado por la estrategia que adopte el Montepío, el socio que tiene tan sólo el 0,01%.

El juez encargado del caso, el titular del Juzgado Mercantil Nº1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, explicó este martes en tono pedagógico en los preliminares de la vista que ante el «allanamiento de IMQ», la legislación le obliga a dictar una sentencia que tiene dos opciones: condenar a IMQ a devolver los estatutos del grupo a su estado original, el previo al blindaje; o continuar adelante con el procedimiento y la demanda y entrar en el fondo del asunto si cree que, como sostiene el Montepío, pueden lesionarse los derechos de los accionistas.

El representante legal de Montepío solicitó al juez, precisamente, que opte por continuar con el juicio ya que, en su opinión, la decisión del consejo se produjo «en fraude de ley».