La Empresa Familiar pide a Sánchez que no descalifique a los empresarios
La agrupación de empresas familiares, presidida por Andrés Sendagorta, pide al Gobierno que «respete» la libertad empresarial tras la reacción del Ejecutivo por la marcha de Ferrovial
La marcha de Ferrovial y la reacción del Gobierno del presidente Pedro Sánchez sigue generando una cascada de reacciones. Este martes ha sido la institución ... que agrupa a las empresas familiares de España la que ha pedido al Ejecutivo que «evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial». Así se refleja en un comunicado hecho público por la institución y representado por el presidente de SENER, Andrés Sendagorta.
La reclamación de la agrupación que aúna a 1.500 empresas con una facturación de 355.000 millones ha criticado así la posición del Gobierno central tras el anuncio de que Ferrovial cambiará su sede a Países Bajos. La constructora presidida por Rafael del Pino anunció la semana pasada que su matriz salía de España porque eso facilitaba su salida a bolsa en Estados Unidos. Eso y una referencia a la «seguridad jurídica» desató las críticas del Ejecutivo encabezadas por el propio Pedro Sánchez y la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Aunque fue la ministra de la cuota morada, Ione Belarra, quién fue más allá al considerar una «empresa pirata» a la compañía de Rafael del Pino.
Recomponer el clima de respeto
Desde la institución de la empresa familiar han solicitado al Gobierno poner fin a esta escalada de acusaciones porque es necesario «recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo». «Nuestras empresas son España», apunta la misiva que reclama al Ejecutivo que, de acuerdo a eso, las trate «como una parte esencial de nuestra realidad social».
Las últimas acusaciones personalizadas en empresarios concretos lanzadas en los últimos meses por miembros del Gobierno -Ana Patricia Botín del Santander, Ignacio Galán de Iberdrola o Francisco Roig de Mercadona han recibido duras críticas- han acabado por preocupar a un tejido empresarial que ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la creación de un ambiente «hostil» hacia las empresas.
Regulación justa y competitividad
Esta misma mañana, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que lo que «sí produciría inseguridad jurídica» es una intervención del Gobierno para evitar la salida de Ferrovial. Y es que esta es una de las opciones que podría analizar el Ejecutivo en una escalada de las hostilidades.
Desde el Instituto de la Empresa Familiar, han planteado «recomponer el clima de respeto y diálogo constructivo», a la vez que «en las medidas que inciden en nuestra actividad impere la reflexión y el análisis riguroso y no se creen barreras competitivas desfavorables».
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