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Hemos vivido una de las peores crisis económicas que se recuerdan. Si bien es verdad que la recuperación económica es hoy una realidad después de tres años consecutivos de crecimiento por encima del 3% y, sobre todo, creando más de medio millón de empleos anualmente, es verdad también que la crisis ha dejado algunos coletazos de los que su principal reflejo es la desigualdad. Es un fenómeno no exclusivo de nuestro país, sino también del resto del mundo occidental. Desigualdad que, a través del fuerte crecimiento y creación de empleo, se ha conseguido moderar, pero que quizás no se ha percibido suficientemente por algunos segmentos de la población. Precisamente este es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Pero es también importante recordar que el mejor instrumento para luchar contra la desigualdad es el crecimiento y la creación de empleo, como se ha comprobado en los años en los que nuestra economía crecía por encima del 3%. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos un crecimiento integral, inclusivo y sostenible.

Si a esto añadimos la transformación de la escena política y económica mundial, probablemente como consecuencia y causa respectivamente de lo anterior, no es difícil pensar que algo más y algo diferente debemos hacer. El mundo ha cambiado. La clase política, las instituciones financieras, las empresas y en general los agentes económicos y sociales debemos adaptarnos a esta nueva realidad. En el contexto económico actual, es necesario que desde las instituciones, públicas y privadas, trabajemos para que nuestra actividad tenga un impacto real en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y más importante aún, que los ciudadanos lo perciban así. Es un hecho que la sociedad demanda más compromiso social de las instituciones públicas y privadas. Tanto la actividad política como la actividad empresarial deben dotarse hoy de una mayor dimensión social.

Por eso es más que bienvenido el lanzamiento el pasado mes de noviembre del Pilar Europeo Derechos Sociales, cuyo objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales y de empleo eficientes que respondan a los desafíos actuales y futuros, con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población. A nivel nacional, el ICO a lo largo de estos años ha sido pionero en esta cuestión. Cabe recordar que una de las grandes misiones del ICO es la de sostener y promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento económico y la mejora de la distribución de la riqueza nacional. El ICO, en base a este compromiso, fue pionero en el lanzamiento de los bonos sociales en el año 2015. Los fondos obtenidos a través de dichas emisiones ayudaban a financiar pequeñas y medianas empresas localizadas en comunidades autónomas con un PIB inferior a la media.

En un mundo donde los resultados positivos de la globalización son evidentes, ya que nunca ha habido tanta clase media en el conjunto del globo, ni se ha reducido tanto la pobreza como en los últimos años, no siempre se ha comprendido este fenómeno. Debemos ser conscientes de que hay personas que no perciben los resultados de la globalización, sino al contrario, se sienten abandonadas por la misma. Por eso es tan importante dotar a nuestra actividad, ya sea desde el sector público como del sector privado, de una mayor dimensión social que permita no perder la esperanza en un modelo que tantos réditos positivos nos ha dado.

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