Bruselas reconoce la capacidad del Gobierno para vetar la opa húngara sobre Talgo
Una portavoz del Ejecutivo comunitario recuerda que los intereses de «seguridad pública» están por encima del libre mercado
Dos días después del acuerdo del Consejo de Ministros que vetó la opa de Magyar Vagon sobre Talgo por motivos de seguridad nacional, una ... portavoz de la Comisión Europea, Francesca Dalboni, no ha puesto impedimentos formales a la decisión. Ha recordado que este tipo de decisiones son una «prerrogativa de los Estados miembros» y que la legislación europea «permite restringir la libertades de mercado único y el libre movimiento de capitales por cuestiones de seguridad pública« con medidas »justificadas y proporcionadas«.
No ha sido un planteamiento de fondo sobre la cuestión, ni tras un análisis jurídico, sino un posicionamiento en una comparecencia pública este jueves y en respuesta a los periodistas. En cualquier caso es la primera valoración que afectaría al argumento al que se ha acogido Magyar Vagon al anunciar su petición de amparo a la Comisión Europea. De momento, se avala la capacidad del Gobierno de España para actuar y Bruselas recuerda que no es necesaria una consulta previa.
En cualquier caso, el portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, ha señalado que no tiene conocimiento de los contactos de Magyar Vagon y ha recordado que es el Tribunal Justicia de la UE el que tiene la voz última en el caso de que una de las empresas se sienta perjudicada por una decisión de este tipo.
Se trata de las primeras valoraciones que llegan de la Unión Europea después de que Magyar Vagon anunciara una batalla judicial contra la decisión del Gobierno de España. Los húngaros recurrirán al Supremo y en Bruselas una decisión que no tiene naturaleza industrial, sino que se apoya en un informe del CNI clasificado y que apunta relaciones entre el conglomerado magiar y Rusia.
La opa, por la que Magyar Vagon ofrecía 617 millones de euros por la empresa española, era la apuesta de Talgo para reforzar su capacidad productiva ahogada por una cartera de pedidos de 4.000 millones. Moncloa empleo el decreto 'anti-opas', en vigor hasta diciembre, su capacidad de autorizar o no cualquier inversión extranjera que supere los 500 millones.
Una decisión que aprobó en el Consejo de Ministros este martes tras una una reunión extraordinaria de la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex), el lunes. Este órgano del Ministerio de Economía emitió el informe negativo preceptivo para decisión gubernamental.
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