Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

El contrato, uno de los más ambiciosos en la historia ferroviaria de Europa, contempla la renovación de la mitad de la flota de la SNCB antes de 2032. La inversión inicial se cifra en 1.695 millones de euros, aunque el coste final podría ascender a 3.400 millones. Está previsto que se construyan más de quinientos trenes automotores, incluidos modelos de tres coches con propulsión híbrida por batería, destinados a reemplazar locomotoras diésel en líneas aún no electrificadas.

El proceso de adjudicación ha estado marcado por una excepcional complejidad y prolongación. A comienzos de año, tanto Alstom como Siemens recurrieron la decisión de la SNCB, alegando falta de transparencia en la evaluación de las ofertas. En abril, el auditor del Consejo de Estado, una suerte de tribunal contecioso-administrativo, recomendó suspender la adjudicación, generando semanas de incertidumbre y exponiendo presiones políticas y sindicales a favor de Alstom, con plantas en Bélgica que reclamaban el «peso del empleo local» como criterio decisivo.

Tras esa primera suspensión, la SNCB reafirmó en abril y de nuevo en julio su elección, defendiendo la solidez técnica de la propuesta, el cumplimiento normativo y la disposición de la compañía seleccionada a colaborar con proveedores locales. La filial belga de Alstom insistió con un segundo recurso urgente, cuestionando nuevamente la transparencia del proceso y denunciando supuestos cambios en la metodología de evaluación durante la adjudicación. Durante el proceso, el Grupo guipuzcoano realizó algunos compromisos en forma de retorno industrial, aunque la licitación, que sigue estrictos criterios de la Unión Europea, no contemplaba dicho requisito.

Además, cuatro asociaciones se involucraron en el procedimiento y recurso de Alstom, señalando la implicación del licitador preferente en «territorios ocupados por Israel», un argumento que los auditores consideraron carecía de legitimidad para intervenir en un procedimiento de contratación pública. Pero más allá de la empresa seleccionada, el proceso ha revelado tensiones profundas entre criterios comerciales, técnicos y políticos. Las ciudades de Brujas y Charleroi, sindicatos y autoridades locales habían presionado por Alstom, mientras que la dirección de la SNCB y los auditores han defendido que el procedimiento cumple estrictamente todas las normas europeas de contratación pública.

La operadora subrayó que «no le corresponde determinar la política exterior o comercial de las empresas implicadas» y que no existen instrumentos jurídicos que restrinjan la participación de compañías presentes en Israel o Palestina. El bautizado ya como 'contrato del siglo', en cualquier caso, no es solo un desafío industrial y logístico: es un espejo de las complejas intersecciones entre política, empleo y estrategia empresarial en Europa. La adjudicación definitiva, ahora mucho más cercana, marcará un antes y un después para la modernización de la movilidad belga y reflejará la envergadura de la competencia ferroviaria en el continente.