La batalla en el seno del IMQ vuelve el martes a los juzgados

La demanda inicial fue presentada por un accionista que lidera el colectivo más favorable a una venta libre de las acciones del grupo líder de salud en Euskadi. Aunque el consejo de administración de la entidad admitió allanarse -admitir la reclamación-, el juez estimó que debe analizarse el asunto en profundidad, ya que así lo reclama el Montepío. Esto es, la entidad que gestiona las pensiones de una parte de los médicos del IMQ y también de algo más de 200 empleados de la compañía. El Montepío, que tiene una participación del 0,1% en el grupo, es precisamente la llave de cualquier operación futura. El cambio en los estatutos que ahora se va a juzgar, aprobado en junio de 2019 y en pleno estallido de la polémica entre accionistas, deja en manos de esa entidad un poder extraordinariamente amplio.

La tendencia a conducir los conflictos societarios hacia los juzgados es ya un clásico. IMQ, el grupo que preside Beatriz Astigarraga, no ha podido escapar de esa espiral que se agranda por momentos. A esta demanda que se verá el próximo martes en la Audiencia de Bilbao le siguen otras más. Una de ellas trata de que se declare irregular el sentido del voto de algunos consejeros en la última junta de accionistas; otra, la adopción de algunos acuerdos de esa misma reunión y ha llegado una más en las últimas horas. El Juzgado Mercantil número 2 ha admitido a trámite la demanda de otro accionista, que pide también la eliminación de los blindajes introducidos en los estatutos y que dificultan la venta de las acciones fuera del propio colectivo de médicos.

Si la primera demanda ataca directamente lo que se denominan 'prestaciones accesorias' -obligaciones adicionales que los estatutos imponen a los socios-, la segunda va directa contra las mayorías exigidas para aprobar cambios estatutarios, en lo que fue un movimiento táctico para limitar las posibilidades de venta de acciones por parte de los médicos accionistas. Fuentes jurídicas señalan que «lo lógico sería una acumulación de ambas demandas en el juzgado número 1», pero tampoco se puede predecir con certeza.

Los accionistas, en cualquier caso, deberán ser convocados antes de finales de junio a una junta general para aprobar las cuentas del pasado año y, se supone, para avalar o no una propuesta de solución elaborada por el actual consejo de administración.