La UE advierte a los Gobiernos central y vasco sobre las limitaciones para ayudar a La Naval

El anuncio realizado la pasada semana por el lehendakari Iñigo Urkullu sobre la disposición del Gobierno vasco a convertirse en el futuro en accionista de La Naval ha activado todas las alarmas en Bruselas. La Comisión Europea apenas ha tardado unos días en mover ficha para advertir formalmente, tanto al Ejecutivo vasco como al central, de lo delicado que es el propósito de ayudar a una empresa privada con fondos públicos, porque puede considerarse ‘ayuda de Estado’ y ser por tanto ilegal. La iniciativa ya permite entrever que la UE va a extremar la vigilancia sobre el proceso de quiebra de La Naval.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, matizó ayer en una entrevista radiofónica en la ‘Cadena Ser’, que La Naval debería cumplir un buen número de condiciones antes de que el Gobierno vasco pueda plantearse cualquier tipo de intervención. «Debe salir del concurso -dijo Tapia-; también debe haber un inversor que se haga cargo de retomar la actividad y -quizá lo más importante- debe acreditar con una trayectoria positiva que el proyecto es viable».

La Dirección de Competencia de la Comisión Europea ha hecho esta advertencia a través de una carta remitida a ambas administraciones, en la que no sólo recuerda que la construcción naval es un sector «sensible» en lo que se refiere a la vigilancia de las autoridades comunitarias, sino también a las limitaciones que existen para inyectar dinero público en empresas en crisis. La UE exige en la misiva que el Gobierno vasco explique el alcance de las declaraciones del lehendakari y los planes que hay para que materializar la entrada en el capital del astillero.

En 2011, cuando el gabinete socialista del lehendakari Patxi López estudió por primer vez la posibilidad de entrar en el accionariado de La Naval, el entonces vicepresidente de la Comisión y responsable de competencia, Joaquín Almunia, ya fijó un terreno de juego complicado. «En la Comisión -dijo entonces- no establecemos diferencias sobre la procedencia de la inversión, pública o privada. Lo que sí miramos es que una inversión de esas características responda a criterios equiparables. Esto es, el Gobierno vasco podrá invertir en La Naval si lo hace en las mismas condiciones de riesgo, precio y remuneración, que lo haría cualquier otro inversor privado. Nosotros lo que vamos a evaluar es si se trata de una inversión o de una ayuda pública», concluyó.

Por otra parte, el astillero mantiene intensas negociaciones con los armadores de los buques que tiene en construcción con el objetivo de evitar la paralización del proceso y de mantener la actividad, aunque sea de forma precaria. Así, además de una financiación directa de los armadores a las empresas contratistas -algo que ya hace en estos momentos Tideway para seguir con la construcción del buque cablero ‘Living Stone’-, también se ha planteado la posibilidad de realizar una entrega anticipada.

Esto es, que La Naval pueda entregar este buque y otra draga -propiedad de la firma Van Oord-, aunque no hayan sido aún terminados. A continuación y ya con el barco incompleto en manos del armador -con lo que se pretenden salvar problemas jurídicos del procedimiento concursal-, el astillero firmaría un nuevo contrato con los armadores para proceder a la finalización de los buques.

Este ‘quiebro’ de ingeniería jurídica y financiera, apuntan fuentes conocedoras del proceso, permitiría a La Naval materializar ya la venta de los barcos y aunque no cobraría la totalidad del dinero comprometido al estar éstos sin finalizar, supondría una importante inyección de tesorería. Sin este recurso, apuntan las mismas fuentes, el colapso total de la empresa se produciría en apenas unas semanas. Los armadores, al parecer, se han mostrado dispuestos a considerar esta opción -aún mantienen numerosas discrepancias en relación a este tema-, pero también han puesto como condición que los buques abandonen el astillero, para ser terminados en algún muelle del Puerto de Bilbao. Una opción que no gusta a los sindicatos, ya que temen que tras la salida de los barcos de la Naval, los armadores opten por finalizar su construcción en otro astillero.