55.000 personas solicitan las ayudas de emergencia social en Euskadi al año
La Ley Municipal fija compensaciones desde el comienzo de 2016 a los ayuntamientos que adelanten fondos. El acuerdo atiende una reivindicación histórica de los municipios, que el año pasado sufragaron el 20% de las solicitudes
Arantxa Aldaz
Lunes, 8 de agosto 2016, 12:39
Las Ayudas de Emergencia Social (AES), y su creciente demanda, son uno de los principales rompecabezas de los últimos años para el sistema vasco de protección social. A diferencia de la renta de garantía de ingresos (RGI), estas prestaciones económicas para personas sin recursos están sujetas a la disponibilidad de presupuesto, lo que significa que si se termina el dinero reservado la administración no tiene la obligación legal de afrontar más demanda.
Otra cosa es lo que lleva ocurriendo en la práctica, especialmente desde que estalló la crisis, y con ella las necesidades sociales. La financiación del Gobierno Vasco, de quien son competencia las AES, se ha quedado corta un año tras otro, a pesar del esfuerzo en aumentar recursos, que este 2016 se ha plasmado en 23 millones de euros, un 30% más que en 2011. Ante la tesitura de tener que negar la ayuda a un solicitante, los ayuntamientos, que son quienes reparten el dinero de las AES, completan la diferencia con fondos propios. El año pasado, en el conjunto de Euskadi los municipios pusieron 5,8 millones de sus bolsillos (el 20% del total), un desembolso que venían reclamando sin éxito al Gobierno Vasco. El 2016 no ha cambiado mucho las cosas y ya hay localidades que han tenido que empezar a tirar de fondos propios para llegar a toda la demanda, como es el caso de Eibar, donde las solicitudes han alcanzado un nuevo récord.+
La solución a este problema histórico se ha encarrilado con la Ley Municipal, pactada este año entre PNV y EH Bildu, que defendió el refuerzo de las AES como un punto irrenunciable de la negociación. El acuerdo ha fijado compensaciones a partir de este año a los municipios que adelanten fondos para las ayudas, que actualmente llegan a 55.000 personas en Euskadi, 25.000 más que hace cinco años, lo que supone un aumento del 79% de la demanda, según datos aportados a este periódico por el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales. Hay que precisar que las AES se conceden a la unidad de convivencia, no a cada persona por separado. Esas 55.000 personas perceptoras se corresponden con 30.935 unidades convivenciales.
Los ayuntamientos tienen por fin un salvavidas al que agarrarse para seguir sosteniendo la demanda de estas ayudas, la mayoría de las cuales se destina a financiar gastos de mantenimiento como los recibos de la luz y el gas, la llamada pobreza energética. A partir de este año, el Gobierno Vasco compensará a aquellas localidades que pongan dinero de su bolsillo. La cantidad se calculará en función del tamaño del municipio y de la cifra que haya puesto extra.
El cálculo
Así, aquellos con una población inferior a 20.000 habitantes cubrirán un tercio del gasto desembolsado, y el resto lo asumirá el Ejecutivo autónomo. Si el municipio es superior a 20.000 habitantes, responderá a la mitad de tal cantidad. En ambos casos, especifican desde el Departamento, habrá un límite: la parte que asumirá el Gobierno Vasco no podrá ser superior al 30% del presupuesto inicial asignado a cada localidad. Si fuera así, el ayuntamiento debería financiar con sus propios recursos la cuantía restante. Los cálculos y el correspondiente abono se harán una vez se tenga constancia del gasto total realizado en 2016, hacia la segunda quincena de enero de 2017, prevén desde el departamento de Ángel Toña.
El acuerdo atiende una reivindicación histórica de los ayuntamientos, que llevan años lanzando un SOS para reclamar que las AES se paguen con dinero del Gobierno Vasco, y no con fondos propios. En este sentido, aunque ayudan, y mucho, las compensaciones pactadas no resuelven el 100% de su reclamación. Desde el Parlamento Vasco también se ha hecho un llamamiento en varias ocasiones para que las AES tuvieran un carácter subjetivo, al igual que la RGI, lo que implicaría atender toda la demanda, incluso cuando se acaba el presupuesto.
Esta cuestión ha sido recientemente señalada por el Consejo Económico y Social vasco (CES), en el dictamen emitido sobre la reforma de las AES, que ven positivo porque incorpora cambios para dar respuesta a nuevas necesidades sociales, como la pobreza energética. Pero en su conclusión el órgano consultivo llamaba la atención sobre una cuestión de fondo: «Lo realmente necesario es abordar un debate pendiente en nuestra comunidad sobre el carácter de derecho subjetivo o no de las Ayudas de Emergencia Social y su insuficiencia presupuestaria», reflejaba el dictamen del CES.
El Gobierno Vasco, mientras tanto, ha insistido en el esfuerzo presupuestario y el marcado carácter social de las cuentas vascas de los últimos años. En una entrevista a este periódico, el consejero Ángel Toña reflejaba que tres de cada cuatro euros se dedican a educación, salud y políticas sociales, incluida la RGI, que cobran 65.181 personas en Euskadi. «Este gobierno dedica a rentas de garantía de inserción el 40% del total del presupuesto en el conjunto del Estado, cuando tenemos menos del 5% de la población española. 100 veces más que algunas comunidades autónomas, el 0,7% del PIB a la RGI. ¿Podemos dedicar más? Es una cuestión de decir de dónde salen los recursos y volveríamos a mil debates», planteó el consejero.
