14 preguntas sin aclarar sobre la crisis de Zaldibar

Lo que se sabe: El vertedero de Zaldibar, propiedad de la empresa Verter Recycling, comenzó a funcionar en 2011, tras obtener el permiso del Gobierno vasco. Alberga 1,7 millones de metros cúbicos de desechos. Está catalogado como una instalación para residuos no peligrosos, aunque es cierto que tenía autorización para el depósito de materiales potencialmente nocivos como el amianto u otro tipo de despojos estables y no reactivos tras su tratamiento. Es decir, se podían verter elementos que en origen eran tóxicos pero que, tras un proceso industrial, habían perdido supuestamente su peligrosidad. Tenía prohibido admitir plásticos y materia orgánica.

Lo que queda por aclarar: Ahora mismo hay muchas dudas de lo que realmente hay en la gigantesca montaña de basura. Un empleado asegura que se vertía amianto sin control. Una inspección del Gobierno vasco había calificado de irregularidad la presencia de plásticos. Además, hay indicios de que hay madera y materia orgánica, cuando la ley prohíbe terminantemente estos dos elementos en un vertedero de residuos no peligrosos.

Lo que se sabe: Unos días antes de que la catástrofe engullera a Joaquín y Alberto, operarios cuyos cuerpos siguen sin aparecer, se habían detectado varias grietas. Una empresa de topografía se encontraba estudiando la problemática. 48 horas antes del colapso, la firma Infotop colocó dos testigos en la brecha más importante para ver la evolución. En un día se comprobó que había crecido 20 centímetros. Con todo, se siguieron vertiendo camiones. Al parecer, no se dio aviso al Gobierno vasco.

Lo que queda por aclarar: ¿Por qué nadie tomó medidas ante las grietas detectadas? Los expertos deben determinar ahora si había un problema constructivo o qué pasó realmente para que la instalación se viniera abajo.

Lo que se sabe: El vertedero pasó 3 inspecciones en 5 años. La ley establece que, en función de la peligrosidad y del grado de cumplimiento de la normativa, los controles oscilarán entre 1 y 3 años. Estos exámenes están relacionados con la tipología de los residuos y la posible contaminación generada durante la actividad. Los funcionarios de Medio Ambiente no revisan la estructura, ya que la legislación estipula que esa labor recae sobre la propia empresa, que tiene que mandar cada año un informe de una compañía acreditada sobre el estado de los vasos y terrazas de la instalación.

La última inspección data de junio de 2019 y a Verter Recycling se le requirió que subsanará una serie de deficiencias. La compañía respondió en octubre que la situación del vertedero era «estable». Tras la catástrofe, el Gobierno vasco afirmó que estaba «a punto» de sancionar a la empresa. El Ejecutivo autonómico dispone de 8 inspectores para controlar 17 vertederos y 380 empresas potencialmente contaminantes.

Lo que se sabe: Verter Recycling logró el visto bueno del Gobierno vasco con un proyecto de vertedero firmado por la ingeniería LKS en 2007. Posteriormente, la compañía cambia «la práctica totalidad» del proyecto, que fue redactado por Geiser HPC.

Lo que queda por aclarar: Cabe la pregunta de si era necesario realmente volver a someter el plan del vertedero a una nueva evaluación ambiental, ya que el proyecto original se había modificado. También se debe despejar la incógnita de quién fue el que supervisó las obras.

Lo que se sabe: El vertedero logró las licencias municipales antes de su entrada en servicio en 2011. También se sabe que la iniciativa no fue sometida a información pública por parte de las autoridades municipales.

Lo que queda por aclarar: ¿En qué fecha se lograron los permisos? ¿Paga un canon anual a las arcas municipales Verter Recycling por su actividad? ¿Quién gobernaba en ese momento?

Lo que se sabe: Ertzainas, Bomberos y el resto de personal de emergencias se pasan 8 horas entre la basura y restos de residuos peligrosos (amianto, sobre todo), sin que nadie les advierta del peligro. Es un técnico de Osalan el que sospecha que ahí puede haber un problema con este agente cancerígeno.

Lo que queda por aclarar: ¿No existe un plan de emergencia del vertedero? ¿Por qué se envían los recursos sin advertir de que es un vertedero que contiene residuos potencialmente peligrosos si se manipulan?

Lo que se sabe: El Gobierno central ofreció a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de búsqueda de Joaquín y Alberto. El Ejecutivo de Urkullu rechazó esta ayuda con el argumento de que lo importante no es la cantidad de efectivos, sino que la clave está en estabilizar la ladera para poder actuar.

Lo que se sabe: El incendio que aún hoy sacude el vertedero está provocado por el metano. Este gas procede de la descomposición de materia orgánica. A Zaldibar llegaban residuos inertes y no peligrosos. Por ley tenía prohibido aceptar residuos urbanos u orgánicos. Algunos residuos mixtos llevan algo de carga orgánica que no se puede desgajar, pero esto, por sí solo, según los expertos consultados, no explicaría un fuego tan virulento. Algunas fuentes sostienen que en Zaldibar se llegaron a verter camiones de pescado y mucha madera. En la última inspección también se habían detectado plásticos, cuya presencia estaba vetada.

Lo que se sabe: En las primeras horas es la Diputación la cabeza visible que gestiona la crisis, ya que el derrumbe corta la autopista, una carretera que es de titularidad foral. Los altos cargos del Gobierno vasco no salen a la palestra de los medios de comunicación hasta tres días después del incidente. El lunes, el lehendakari anuncia el adelanto electoral.

Lo que se sabe: El Gobierno vasco controla con sus equipos de medición móviles la calidad del aire de la zona. Sus responsables tranquilizan a la población asegurando que los valores de los exámenes son «muy buenos». Pero nadie advierte de que se han tomado unas muestras especiales para analizar elementos contaminantes como furanos o dioxinas y que los resultados tardarán al menos cinco días en llegar. Cuando supuestamente la analítica llega, con unos valores 50 veces superiores a lo normal, Osakidetza convoca una rueda de prensa de urgencia para pedir a la población que no ventile sus casas y no haga deporte en la calle, en un área que engloba a Zaldibar, Eibar y Ermua, donde viven 50.000 personas.

Lo que se debe aclarar: ¿Por qué nadie advirtió de estos análisis? Las muestras analizadas corresponden al día 9 y los resultados llegaron el 14. Se tomaron más testigos los días 10, 11 y 12, pero no se sabe muy bien el motivo por el que estos otros test tardarán 10 días en conocerse, en lugar de 5 (se sabrán el jueves). En función de lo que digan estos exámenes, ¿sería necesario someter a la población a reconocimientos médicos, ya que la exposición ha podido ser más prolongada de lo inicialmente previsto? ¿Cuándo se van a poder comer los productos de las huertas del entono? ¿Qué pasa con el ganado? ¿Y con las aguas?

Lo que se sabe: Joaquín y Alberto siguen desaparecidos. Los servicios de emergencia tienen supuestamente localizada la zona donde se encuentran sus cuerpos. El operativo avanza despacio por temor a un nuevo deslizamiento, lo que está martirizando a las familias, que llevan ya 12 días esperando noticias. La zona es muy inestable. Lo mismo está sucediendo con la extinción del incendio. Las precauciones son muchas y se están asegurando las máquinas para que no haya nuevas avalanchas.

Lo que queda por aclarar: Con respecto al incendio, ¿por qué no se aplicó desde el primer momento la táctica de apagar con tierra y no con agua desde el aire, como se estuvo intentando?

Lo que se sabe: La principal estrategia pasa por mover los residuos lo menos posible. El derrumbe, el fuego y el agua han modificado el estado de muchos de los materiales potencialmente contaminantes que se habían vertido en Zaldibar. En principio, todos los residuos van a ser considerados peligrosos. El volumen es brutal y todo apunta a que ese flujo tóxico nunca saldrá de allí. La mesa de crisis ha apuntado hoy que la solución más factible parece la del confinamiento y sellado del vertedero.

Lo que queda por aclarar: Si se procede al sellado, ¿qué controles se seguirán para evitar posibles afecciones a las aguas y a la atmósfera? Cuando acaben las tareas, ¿cómo se verificará que no hay riesgo alguno?

Lo que se sabe: Las tareas que se están llevando a cabo actualmente están lideradas por el Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha asumido el mando, relegando a la empresa por la urgencia y la complejidad de la situación. También hay diligencias judiciales abiertas, un proceso que servirá par depurar responsabilidades.

Lo que queda por aclarar: ¿Girarán las autoridades la factura a la empresa? ¿Asumirá algún seguro el coste de lo sucedido?

Lo que se sabe: El Gobierno vasco ha admitido que lo sucedido en Zaldibar y el inminente cierre de Mutiloa (Gipuzkoa) va a generar un problema de capacidad «a largo plazo».

Lo que hay que aclarar: ¿Se cambiará el modelo vasco, basado en la iniciativa privada, para el almacenamiento de residuos? ¿Se reforzarán los controles?