El derribo del palacete de Getxo ahorró a la promotora 730.000 euros
Bildu destapa un informe municipal y reclama que se eleve la cuantía de la multa, una sanción de apenas 54.000 euros
Un informe elaborado por un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Getxo cifra en «más de 730.000 euros» las ganancias que obtendrá la cooperativa Ereaga ... Atalaya por haber derribado de forma irregular un palacete protegido en Algorta para construir 12 viviendas de lujo. El documento estima que la rehabilitación de Irurak Bat, un edificio histórico de carácter neoclásico, hubiera conllevado «un gasto aproximado de 3,2 millones de euros, frente a los 2,5 millones que implicará la construcción de un nuevo edificio tras el derribo», según difundió ayer EHBildu.
El caso, que ha marcado la actualidad esta legislatura en el Consistorio por la participación de dos concejales del equipo de gobierno como cooperativistas en la promoción investigada, se saldó con sendas sanciones administrativas por importe total de 54.000 euros. La coalición soberanista estima que el importe de estas multas urbanísticas está excesivamente alejado de la ganancia, en forma de ahorro, que ha experimentado la promotora al derribar el palacete en lugar de mantenerlo en pie y reformarlo, como era su obligación.
En este momento, las obras de las viviendas están paralizadas desde el polémico derribo, en agosto de 2024. La empresa ha tenido que presentar un nuevo proyecto para sobreponerse a las irregularidades, que fueron básicamente dos. Por un lado, un primer expediente –zanjado con 50.000 euros que deberá sufragar a partes iguales la cooperativa, la constructora, el director de obra y el arquitecto–, castiga el derribo de las cuatro fachadas del edificio sin la preceptiva licencia urbanística. El proyecto inicial preveía mantener en pie tres paredes exteriores. Con la entrada en vigor del futuro Plan General de Ordenación Urbana no se podría haber tirado ninguna, pero el proyecto recibió licencia justo antes de iniciarse la tramitación de éste.
La segunda multa económica también dirigida contra la cooperativa, la constructora, el director de obra y el director de la ejecución de los trabajos. Les sanciona de forma subsidaria con 3.875 euros por iniciar el tajo sin acta de replanteo, un permiso ineludible.
El caso convulsionó al municipio por la pérdida de patrimonio y al conocerse que dos de los cooperativistas eran concejales del equipo de gobierno. Inaxio Uriarte, en ese momento, portavoz del PNV, tercer vicealcalde y responsable de Personal y Organización, Tesorería e Intervención; y su pareja, Irantzu Uriarte, encargada entonces de Contratación y presidenta del Aula de Cultura.Los jeltzales han reajustado el gobierno por este asunto hasta en dos ocasiones posteriormente.
Investigación
El derribo está en fase de instrucción en el Juzgado de Getxo, a petición de la Fiscalía, para determinar si hubo irregularidades. La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza está recabando la información en una investigación que se contempla larga.
Una vez conocido el contenido del informe, EH Bildu exigió ayer que se eleven las multas a la cooperativa y al resto de implicados. «Exigimos que como mínimo ascienda hasta dicha cantidad para evitar que la promotora obtenga beneficio económico. 50.000 euros es una cantidad totalmente insuficiente, puesto que no compensa la pérdida de patrimonio ni garantiza que la empresa obtenga beneficio económico con el derribo».
La coalición soberanista se personó en el procedimiento administrativo y, según denunció, «ni hemos podido presentar alegaciones a la sanción ni tampoco se nos ha dado traslado de todas las acciones. Prueba de la nula voluntad de transparencia». Portavoces municipales prefirieron no entrar a valorar el informe del arquitecto municipal ni las repercusiones que puede llegar a tener. Sólo valoraron que se trata de una tramitación de contenido «técnico y no político».
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