Iberdrola asegura que Cabieces trabajó con normalidad como asesor de la eléctrica

Por otra parte, la Fiscalía se ha opuesto a que declare como testigo la responsable de los servicios jurídicos de Kutxabank y actual directora de gabinete del presidente de la entidad, Irantzu Irastorza, tal y como había pedido la letrada que representa en el caso a la acción popular, Jone Goirizelaia. Este aspecto puntual de la instrucción está ahora en manos de la Audiencia Provincial, ya que Goirizelaia decidió recurrir a la instancia superior para conseguir esta declaración, así como la entrega al juzgado de un informe que elaboró para Kutxabank la firma de abogados Garrigues. Todo apunta a que, resuelta esa pieza, la juez podrá tomar ya una decisión: archivar las diligencias o decretar la apertura de juicio oral, en una instrucción que arrastra desde el mes de febrero.

Respaldo a Cabieces

La Audiencia Provincial aceptó la petición de la Fiscalía de analizar la relación del exdelegado del Gobierno con Iberdrola, porque quizá algunos aspectos podían arrojar luz sobre el asunto que se investiga y que partió de una denuncia de Kutxabank contra su expresidente, Mario Fernández. La supuesta contratación irregular de Cabieces por parte del banco, a través de un despacho de abogados externo que, sostenía la entidad financiera, no había tenido contraprestación alguna. Esto es, que Cabieces había cobrado 5.700 euros mensuales durante casi tres años sin haber trabajado. Pero lo cierto es que el informe de Iberdrola y el contrato que la empresa ha entregado en el juzgado dibujan un escenario de absoluta normalidad e, incluso, alejan las sombras de duda que había introducido la Fiscalía al argumentar la necesidad de esta prueba.

En concreto, la Fiscalía quería analizar si Cabieces tenía la obligación de prestar sus servicios a Iberdrola en la sede de la eléctrica; si había un horario estipulado; si el contrato establecía la incompatibilidad para actuar como asesor de otros clientes -lo que hubiese situado en una esfera irregular su relación con Kutxabank-, así como el tipo de trabajos que realizó desde 2012 hasta el pasado mes de febrero. En el informe firmado por Ramón Castresana, director de Recursos Humanos de la empresa -también se desprende de la literalidad del contrato- se aclara que la relación entre Cabieces e Iberdrola era mercantil y no laboral; que el exdelegado del Gobierno actuó como asesor «en materia jurídico laboral», en régimen de «no exclusividad» y que debía desarrollar su misión «con sus propios medios, plena autonomía y responsabilidad». Tan sólo existía la limitación de que no trabajase como asesor para otra compañía eléctrica que fuese competencia de Iberdrola.

«Como profesional independiente -señala el informe-, el señor Cabieces no estaba sometido a ningún tipo de horario ni de jornada, prestando sus servicios desde su propio despacho». El contrato, que se mantuvo en vigor exactamente tres años, se pactó con una iguala -una remuneración idéntica para cada mes- similar a la de Kutxabank: 5.000 euros mensuales.

También aclara que el volumen de trabajo era variable y que «dependía de las necesidades y de los requerimientos por parte de Iberdrola, dependiendo en consecuencia de las exigencias de cada momento».

Más declaraciones

La instrucción del caso Kutxabank, en el que además de Fernández y Cabieces también está imputado el prestigioso abogado bilbaíno y experto en temas laborales Rafael Alcorta, aborda en este trimestre su recta final. Todo está parado a la espera de que la Audiencia resuelva un recurso presentado por la abogada de la acción popular -que representa al sindicato LAB y a un grupo de organizaciones sociales- para que declare la responsable de los servicios jurídicos de Kutxabank, Irantzu Irastorza, y se reclame también un informe que elaboró para el banco el despacho Garrigues. La Fiscalía -las defensas de los tres imputados se han posicionado en términos parecidos- ha remitido a la Audiencia un escrito en el que se opone a la pretensión de Goirizelaia. En su opinión, el testimonio de la abogada del banco y el informe solicitado «no aportarían nada nuevo» a la instrucción. Un procedimiento que, tras ocho meses de trabajo riguroso por parte de la titular del Juzgado número 4 de Bilbao, está plagado de testimonios pero huérfano de pruebas inculpatorias.