Denuncian que una familia ocupa el piso de una anciana interna en una residencia

Según denuncian las mismas fuentes, la mujer, de nombre María Angeles, estaba soltera y convivía con su hermano enfermo en la vivienda, un primer piso. Hace aproximadamente unos siete años, la madre de esta familia, que tiene tres hijos, iba pidiendo ayuda por las casas del barrio. María Ángeles sintió pena y decidió pagarle un sueldo para que atendiera a su familiar enfermo. Al morir el hombre, en junio de 2018, la 'empleada' se fue a vivir con su marido, sus tres hijos y dos perros, entre ellos un pitbull, al piso de la anciana. Y desde entonces, no se han marchado. De hecho, pasaron allí juntos la pandemia y el confinamiento.

El problema reside, según el entorno, en que, estas personas se aprovechaban de la mujer. «Iban con ella al banco a sacar el dinero de su pensión y hacían compras con su tarjeta de crédito», apuntan. La discusiones a gritos entre los miembros de la familia eran continuas. A la mujer no se le veía apenas. Se pasaba el día en casa. No salía. Entonces, los vecinos decidieron poner el caso en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Bilbao. Pero la mujer no quería denunciar a la familia con la que convivía ante la Policía. Y como tampoco tenía otros allegados, pues «no se podía hacer nada», según les explicaban.

En una ocasión, el hombre fue detenido por agresión a su compañera y ambos pasaron una temporada fuera de la vivienda, «pero luego volvían y les dejaba entrar». Agentes de distintos cuerpos policiales, desde la Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional, además de personal de los juzgados han acudido al domicilio en busca del padre de familia por requisitorias judiciales, pero «el portero está desconectado, no abren la puerta a nadie y mantienen las persianas cerradas».

En este periodo, la propietaria llegó a acumular una deuda por impagos con la comunidad de hasta 2.000 euros, algo que no había ocurrido antes y se la veía «desmejorada y más delgada». Los vecinos se la encontraban sola y les pedía comida, por lo que le daban algún alimento.

Una agente de la Policía Municipal llegó a ponerse en contacto con el resto de residentes, en su mayoría gente mayor, para conocer la situación en la que se encontraba la mujer. También los servicios sociales y una asistenta social intentaron buscar una solución, pero la falta de una denuncia complicaba las gestiones. Fue entonces cuando el caso pasó al Departamento de Acción Social de la Diputación vizcaína, entidad de la que depende el instituto tutelar. La mujer ingresó en una residencia, pero, aunque sus cuentas están 'fiscalizadas' por Gaikuntza, sigue asumiendo los gastos corrientes de la vivienda, ocupada ahora por la pareja y uno de los hijos.