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Miles de profesores (8.000, según cálculos de la Policía Municipal) han recorrido este miércoles las calles de Bilbao en el primer día de huelga en la enseñanza pública. Convocados por los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CC OO, han mostrado su malestar con el ... Departamento de Educación, que afirma «no entender» la protesta, por el «deterioro» de las condiciones laborales, la «falta de diálogo» para renovar el convenio colectivo después de quince años y la toma «unilateral» de decisiones. Unos 27.000 docentes están llamados a secundar los paros (a los que se suman otros 3.000 profesionales de Haurreskolak, cocina y limpieza a partir de la semana que viene). Se trata de la primera huelga de la 'era Pradales'.
La jornada ha traído la habitual guerra de cifras. Según los representantes de los trabajadores, en torno al 75% del profesorado ha secundado los paros, con especial incidencia en Álava y Gipuzkoa. También han mencionado varios centros educativos en los que el seguimiento ha sido muy alto. En el caso de Bilbao, son Atxuriko eskola (con un 100% de seguimiento), Txurdinaga HHLH (100%) y Sánchez Marcos (80%). La respuesta en los colegios rurales está siendo «ejemplar», aseguran los sindicatos. Por su parte, a última hora de la tarde, la consejería ha rebajado la cifra al 45% en el conjunto de la red pública.
En términos generales, los trabajadores exigen «recuperar» el poder adquisitivo perdido en los quince años que lleva congelado el convenio colectivo, en los que sus sueldos se han ido revalorizando con las subidas pactadas para todo el funcionariado a nivel estatal. A este respecto, los sindicatos denuncian que la consejería convoca reuniones «sin contenido», mientras que Educación asegura que «hay propuestas encima de la mesa».
Además del aspecto salarial, los trabajadores demandan una serie de mejoras de calado. Una de ellas es el «alivio» de las cargas de trabajo y, en concreto, de las tareas burocráticas que se han disparado en los últimos años. Piden, asimismo, acuerdos para adelantar las jubilaciones y rejuvenecer las plantillas, «estabilizar» el empleo público (Educación tiene unos de los mayores índices de interinidad) y «garantizar» el empleo en un momento de caída de la natalidad. También exigen reducir el horario lectivo «en todas las etapas educativas» y que se dote a los centros de «recursos para necesidades educativas especiales, psicólogos, recursos para gestionar las prácticas del alumnado de Formación Profesional...».
Todo ello, aseguran las centrales sindicales, repercutirá en una «mejora» de la calidad de la enseñanza. Los principales índices reflejan una caída en el nivel académico del alumnado desde hace al menos una docena de años.
En paralelo, los representantes de los trabajadores aseguran que la red pública «necesita inversiones de forma urgente». Frente a ello, subrayan que el departamento asegura que «no hay dinero», pero, critican, «sí lo hay para la red privada». Se han referido, de esta manera, a la inyección de 66 millones de euros a los centros concertados para hacer frente a las subidas pactadas en febrero de 2024. La red concertada firmó una actualización salarial que le permitió superar, por primera vez, el sueldo de la red pública.
Por su parte, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha reiterado que su departamento está «abierto al diálogo». Tras criticar que se convoque una huelga «cuando están activas las mesas de negociación», ha asegurado que «hay propuestas encima de la mesa» para buscar «lo mejor para la educación de Euskadi».
Desde esta perspectiva, en una entrevista en 'Radio Popular', la consejera ha recordado que en 2022 «se firmó un acuerdo importante con la mayoría sindical». «Se bajaron los ratios en todas las etapas educativas, se pusieron nuevas figuras en todos los centros públicos, se mejoraron las dotaciones del personal que atiende a las necesidades específicas y se hizo una apuesta clara por la educación pública».
Por ello, Pedrosa ha defendido que el Gobierno vasco tiene en su agenda «hacer una apuesta clara por la educación en general, pero específicamente por la educación pública». El propio departamento apuntó el viernes en una carta a las familias y docentes que la huelga es «difícil de entender».
La cuestión de la caída de la natalidad y la contracción de la matrícula se antoja fundamental. En las últimas semanas se ha anunciado el cierre y fusión de varios centros públicos. En Bizkaia va a suceder el próximo curso con los colegios Maestro Zubeldia y Virgen de la Guía de Portugalete. También existen planes similares para Txurdinaga y Pío Baroja, de Bilbao, y hay otras fusiones en marcha. Colegios centenarios como Tomás Camacho afrontan, asimismo, un futuro complicado por la falta de matrículas.
En este contexto, los trabajadores consideran que Educación actúa de manera «unilateral», sin consultar con la comunidad educativa. Y exigen a la consejería que lidera Begoña Pedrosa que dé «prioridad» a la red pública frente a la concertada. Aunque la propia consejera ya reconoció en una entrevista con este periódico que la Administración no tiene capacidad para cerrar un colegio de titularidad privada.
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