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El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a la inyección de 67 millones de euros a la red de centros educativos ... concertados, que matriculan a casi la mitad del alumnado (en un inicio eran 68 millones). El objetivo es «equiparar» el salario del personal con el de la red pública de forma progresiva entre los años 2023 y 2027, tal y como ha explicado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en una comparecencia.
Pedrosa ha asegurado que este paso se enmarca en el camino que la concertada comenzó hace unos años para alcanzar la gratuidad del servicio educativo. Esta medida «evitará que centros concertados tengan que reflejar las consecuencias de incrementos salariales a través de sus cuotas», ha señalado.
No obstante, lo cierto es que las cuotas van dirigidas a menudo a cubrir otro tipo de gastos de los centros educativos. Una investigación de Xavier Bonal y Lucas Gortazar para EsadeEcPol demostró que los colegios realizan estos cobros para ampliar su oferta y los servicios que ofrecen gracias a incorporar personal no docente, como psicólogos, logopedas, profesorado para extraescolares, refuerzos académicos que quedan fuera del concierto... Las cuotas, además, ayudan con los gastos de mantenimiento u obras. Existe una discusión sobre si el departamento debería financiar alguno de estos gastos, pero el sueldo de los docentes corre a cargo de Educación.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado en su reunión semanal el anteproyecto de ley que modificará los Presupuestos de 2024, la primera norma del Gabinete Pradales. No hay otra forma de hacerlo, ya que el salario del personal que cubren los conciertos económicos educativos lo abona directamente el Departamento de Educación a través de un mecanismo que se conoce como pago delegado. En el curso 2024-25, el Gobierno ha destinado unos 830 millones de euros para la red concertada. La subida se realiza con cargo a remanentes de tesorería.
Y ahora, ¿qué? Lo primero es que el anteproyecto debe llegar al Parlamento vasco, donde será tramitado de urgencia y aprobado en sesión parlamentaria por lectura única, una fórmula que implica una única votación sin posibilidad de introducir enmiendas. La mayoría absoluta que ostentan PNV y PSE garantiza la aprobación de la medida.
Una vez se complete el trámite administrativo-legislativo, en las próximas semanas, el dinero comenzará a llegar a los centros educativos, que serán quienes deban abonarlo a los trabajadores. La previsión es que eso suceda a lo largo de los siguientes meses. En cualquier caso, lo que no está sobre la mesa es la equiparación del resto de condiciones laborales más allá del salario, como, por ejemplo, el horario lectivo (en la concertada se imparten más horas de clase que en la pública).
La medida afecta a toda la red concertada, tanto a la de iniciativa social (los religiosos, laicos y cooperativas agrupados en patronales como Kristau Eskola, Aice-Izea o Ikasgiltza, entre otros) como a las ikastolas que dependen de Ikastolen Elkartea. Son centenares de colegios en Euskadi y decenas de miles de trabajadores.
En paralelo, este martes ha dado comienzo la vista judicial que afecta a los centros de iniciativa social. Los trabajadores pactaron con las patronales una serie de medidas para poner fin a una huelga de 14 jornadas el pasado mes de febrero. Entre los puntos acordados figuraba una subida salarial con efectos retroactivos desde 2021, que es cuando caducó el anterior convenio, y que debe sustanciarse antes del 31 de diciembre; y una actualización de los sueldos de este año que debería haberse implementado ya.
Los sindicatos denuncian que las patronales no han cumplido estos últimos puntos del acuerdo de fin de huelga. Aseguran que aún no han percibido la subida correspondiente a este año ni tampoco conocen una fecha para actualizar los pagos atrasados. Por ello, acudieron a los tribunales. El asunto se dirime ahora en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y está visto para sentencia.
Los trabajadores se han concentrado esta mañana para denunciar la situación y no descartan iniciar movilizaciones en el futuro próximo. Pese a la denuncia de estos incumplimientos, las centrales sindicales sí reconocen que las patronales han puesto en marcha otras medidas contempladas en el documento firmado en febrero. Entre ellas, las reducciones de jornada pactadas para determinados colectivos o la compensación en Formación Profesional.
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