Bilbao retiró de la vía pública un centenar de asentamientos de personas sin techo en 2024

En realidad, y según matizaron después fuentes municipales, la mayoría de esas actuaciones, unas 300, han sido «levantamientos de durmientes en la vía pública». Es decir, una sola persona, en zonas como «La Pinza, Sendeja, parque Etxebarria, Via Vieja de Lezama, Plaza Nueva, Esperanza...». El resto, un centenar, sería asentamientos más consolidados y con más gente en ellos. Se trata de actuaciones que buscan «recuperar el espacio público» en las que colaboran desde la Policía Municipal hasta el Área de Acción Social. «Se avisa a las personas con tiempo suficiente» para que recojan los enseres que quieren conservar y «se les ofrece información sobre los servicios sociales». «Pero la capacidad de Bilbao es limitada». En este recuento no se incluye el desalojo de pabellones abandonados y okupados, como el de Tarabusi en Zorrozaurre.

Da cuenta de la falta de capacidad de la administración para reaccionar ante esta realidad el hecho de que en estos momentos la lista de espera es de tres meses simplemente para tener cita en el servicio municipal de urgencias sociales (SMUS). Luego, más para acceder a algún tipo de ayuda. Hace meses que el Ayuntamiento dijo que pediría más compromiso a otros municipios vecinos, a la Diputación y al Gobierno vasco, pero no hay noticias de avances en este sentido.

El asunto llegó al pleno municipal de la mano del PP, cuya portavoz pidió que se desmantelasen los campamentos ilegales y se le ofreciese a las personas que los habitan solución residencial y formación para acceder a un empleo. «Los asentamientos ilegales no se deben invisibilizar», dijo antes de lamentar las condiciones de insalubridad en las que viven sus habitantes. Se extienden por las laderas de los montes que circundan Bilbao, por «Artxanda, el Pagasarri, Olabeaga, Miribilla, bajo el puente de Miraflores...». También apuntó la inseguridad que genera este tipo de campamentos tanto para sus habitantes como para los vecinos y quien pasea por ahí., y recordó la agresión sexual de Rekalde esta semana por la que fue arrestado un individuo que vivía en una tienda de campaña.

El planteamiento de los populares fue muy criticado por el resto de grupos al entender que priorizaba la destrucción de los asentamientos a la búsqueda de soluciones para quienes viven en ellos, cosa que Martínez rechazó de plano recordando la literalidad de su propuesta. En cualquier caso, desde EH Bildu, su portavoz, María del Río, asumió que el problema es sangrante y recordó la situación de saturación en la que se encuentran desde hace años los servicios sociales. Aunque también se acordó de que en el último medio siglo buena parte de la gente que llegó a Bilbao se asentó en campamentos de chabolas que ahora son barrios consolidados. Xabier Jiménez, de Elkarrekin, acusó al PP de «criminalizar a quien no tiene nada» y centrarse en «desalojar, desmantelar y, esto lo digo yo, destruir».

Desde el equipo de gobierno, el responsable de Acción Social, Juan Ibarretxe, criticó al PP sus actuaciones en lugares donde gobiernan, como Valencia, Alicante y Badalona, y la actitud de comunidades como La Rioja o Aragón en cuanto al acogimiento de menores no acompañados. A lo que Martínez le respondió que «el y tú más sólo denota su incapacidad» y su ánimo de no entrar en el debate de fondo. También EH Bildu criticó que se refiriese a Asirón, de Pamplona, en vez de «decir lo que se va a hacer aquí».

Lo que dijo Ibarretxe es lo que se ha estado haciendo, aportando una batería de datos: las «18.531 actuaciones del SMUS», el hecho de que haya «ocho educadores en calle, 594 plazas de alojamiento nocturno, 2.033 expedientes de padrón en servicios sociales...». «Esto es comprometerse». Frente a ello, criticó al PP por «no ofrecer ni una solución» más allá de denunciar la situación y reclamar alojamiento y formación para las cientos de personas que engordan los asentamientos.

Lo que no se ha dado son datos sobre la dimensión del fenómeno porque no se conocen, más allá de las 605 personas en situación de calle de las que se supo a finales del año pasado, en el último recuento, y que no cuentan ni a quienes están en asentamientos ni en pabellones, de manera que es un pálido reflejo del problema real.