El Ayuntamiento rescindirá el contrato de Bilbobus para buscar el final de la huelga
Aspira a lograr que los trabajadores desconvoquen los paros a la espera de que una nueva empresa pueda asumir el servicio
El Ayuntamiento de Bilbao ha dado el primer paso para intentar devolver la normalidad a Bilbobus, cuyos trabajadores llevan más de un año de movilizaciones y una huelga indefinida, que arrancó hace una semana, en demanda de mejoras salariales. Los responsables municipales han alcanzado un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio (Biobide) para rescindir el contrato que les unía en principio hasta 2029 y que le suponía un desembolso anual de más de 42 millones. Este acuerdo, suscrito antes de la pandemia y de la guerra de Ucrania, es el que de facto impedía pactar una subida salarial con los empleados, ya que la firma exigía al Consistorio un aumento de su importe para poder pagar más a sus trabajadores.
Técnicamente, la rescisión entre Ayuntamiento y Biobide tardará aún unos tres meses en materializarse y pasará un año antes de que el servicio pueda adjudicarse a una nueva empresa. Será entonces cuando se abrirá la puerta a que las reivindicaciones de los empleados puedan materializarse. Estos, no obstante, amenazan con mantener la huelga hasta que vean satisfechas sus demandas.
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Biobide la explotación del servicio para los próximos diez años. El importe de la concesión ascendía hasta los 425 millones de euros, ya que conllevaba una inversión asociada a la completa renovación de la flota. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión, no contempló establecer una fórmula de revisión de salarios.
Meses antes de la adjudicación del contrato, la concesionaria anterior firmó un acuerdo de subida salarial con los trabajadores de un punto y medio sobre el IPC que alcanzaría tanto 2020 como 2021, con Biobide ya como gestor del servicio. En principio parecía una operación más que viable, ya que el estudio económico-financiero que se presentaba en los pliegos de licitación estimaba ese incremento anual medio en 1,3 puntos del IPC y aumentaba, en su previsión, el salario en 2,3 puntos al año. Hasta aquí los cálculos predecibles que la adjudicataria asumió.
Sin embargo, lo que tendría que haber sido un traspaso de titularidad tranquilo se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza. El estallido de la pandemia del coronavirus provocó que el coste de la vida se disparara. Y, por lo tanto, que el IPC aumentara. Lo hizo hasta un 6,5% en 2021, subida que implicó que el salario de los trabajadores de Bilbobus aumentara el 8%, tal y como se contemplaba en el convenio firmado y que la empresa cumplió.
Después del covid llegó la guerra de Ucrania. Y también trajo consigo un aumento de los costes de las materias primas. El servicio, pese a la reducción del precio del billete como parte del paquete de medidas anticrisis, pasó a ser más caro por la subida de la gasolina, el coste de las reparaciones y las nuevas unidades. Esta situación derivó en que los trabajadores se quedaran con el mismo salario de 2021, el año hasta el que alcanzaba el convenio colectivo. La empresa, por su parte, trasladaba que asumir una nueva subida salarial implicaba un fuerte desequilibrio económico del contrato y, en consecuencia, la quiebra del mismo.
La imposibilidad de que su salario se revalorice conforme lo hace el coste de la vida llevó a la plantilla de Bilbobus -unos 650 trabajadores- a convocar un carrusel de paros parciales y jornadas completas de huelga. La protesta se convirtió en indefinida el pasado martes, momento a partir del que se han registrado sabotajes a las unidades de autobús, impidiendo funcionar con normalidad a los servicios mínimos. «No puede ser que tengamos que llegar a una situación extrema para que el Ayuntamiento medie y la empresa se siente a negociar», explica José Fernández, presidente del comité de empresa, que condena los actos vandálicos. De hecho, hoy será el primer día en el que Biobide y el comité de empresa se vean las caras desde diciembre.
Garantías legales
La opción de rescindir el contrato es en la que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han encontrado mayores garantías legales. Sin embargo, esto no implica directamente ni la revalorización salarial de los trabajadores ni el final de la huelga. Aunque el Consistorio reclama que retomen el servicio y se sienten a negociar, fuentes sindicales explican que esto no se dará hasta que alcancen un acuerdo.
¿Pero se puede rescindir un contrato público de cualquier manera? No, y de ahí la necesidad de actuar de forma minuciosa y darse 90 días de plazo. Debe cumplir a rajatabla la Ley de Contratos de Sector Público, la que según señalan fuentes municipales podría inferir que Biobide tuviera que pagar alguna indemnización por cesar su servicio.
Una vez se le dé carpetazo al contrato actual, se establecerá uno transitorio, también firmado con Biobide por un periodo cercano a un año. A la empresa se le impone la obligación de seguir ofreciendo la prestación con condiciones similares a las establecidas en el acuerdo anterior, pero con la posibilidad de realizar una revisión de los costes, que permitiría ligeras subidas salariales. En paralelo, el Ayuntamiento comenzará a preparar los pliegos para licitar el nuevo contrato que, según aseguran desde el Consistorio, se ajustará al aumento del coste de la vida y se blindará ante imprevistos.
