Más de 300 vecinos de Alonsotegi protestan contra la Diputación por el millón de euros que reclama al Consistorio

El caso se remonta a 2012 y dio origen a un proceso penal que se saldó sin culpables pero que reconocía como hechos probados que hubo un fraude con el dinero entregado por la Diputación ya que se falsearon las ayudas mediante obras que nunca existieron. Erezuma no fue juzgado porque falleció de una grave enfermedad meses antes de la celebración del juicio.

El actual equipo de Gobierno (EH Bildu) denuncia que la devolución solicitada situaría a las arcas municipales, otra vez, en una situación de quiebra técnica por «una decisión ilegal que tomó un regidor en el pasado».

La institución foral, por su parte, asegura que está «obligada» a exigir el pago por una cuestión jurídica. Sus responsables matizaron que «no quieren ahogar» a ningún ayuntamiento de Bizkaia y que darán facilidades para el reintegró de esos 921.000 euros.

En la concentración ha habido numerosas asociaciones y tejido vecinal mostrando su apoyo al Consistorio. Juzgan esta medida «extemporánea, fuera de lugar y lesiva» para un municipio de 3.000 habitantes que está intentando «sacudirse las rémoras del pasado». La propia Diputación ha reconocido «la mala gestión» del alcalde del PNV que desvió el dinero a los constructores que levantaron el ambulatorio.

El Ayuntamiento y emisarios forales han mantenido varias reuniones para intentar reconducir la situación, pero por ahora sin éxito. El Consistorio podría abrir una guerra judicial para eludir el abono de esta fuerte cantidad de dinero o, al menos, retrasar los pagos. Por el momento ha preparado una batería de alegaciones. La más destacable se centra en el supuesto descontrol mostrado por la Diputación a la hora de cerciorarse de que el dinero entregado se utilizaba para el fin previsto y no a otro diferente e irregular, como así sucedió al final. «Claramente se puede apreciar que sus responsables no realizaron las oportunas labores de comprobación o, al menos, no actuaron con la debida diligencia en dicha tarea, lo que contraviene las bases de la normativa». Esto invalidaría, a su juicio, el expediente ahora abierto.

Además, el Consistorio estima que los hechos estarían prescritos en cuanto al reintegro exigido. Aseguran que la devolución hay que pedirla en un plazo máximo de 4 años.

El caso salió a la luz por una denuncia de EH Bildu, pasados seis años desde la concesión de las ayudas. Por último, entre otros argumentos, la Administración local acusa a la Diputación de romper la lealtad interinstitucional con esta decisión «tan lesiva» para el pueblo de Alonsotegi. El pleno municipal abordó la semana pasada esta problemática, con el intento de aprobación de una declaración institucional, pero fue bloqueada por el PNV.