El Tribunal Superior admite a trámite la denuncia contra Txarli Prieto por estafa

El Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal contra el parlamentario y anterior secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, por las obras que su empresa facturó pero supuestamente no realizó en sedes socialistas del territorio. El auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, fechado el nueve de julio y hecho público hoy, constata además que la denuncia está también dirigida contra Víctor García Hidalgo, secretario de Organización del PSE-EE de Álava, dado que sobre ambos recaía la responsabilidad de determinar las obras a ejecutar y proceder al pago de las mismas. El alto tribunal vasco se declara competente para investigar el caso y nombra como instructor del procedimiento al magistrado Antonio García.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó denuncia contra Prieto por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental en relación con supuestas obras de seguridad realizadas en sedes del PSE en Álava por una empresa participada por él cuando era secretario general de los socialistas alaveses. Según las conclusiones del fiscal, que tuvo acceso al caso a través de una denuncia anónima, dos facturas, que suman casi 50.000 euros, giradas por el PSE a la empresa de Prieto, presuntamente no se corresponden a "trabajos efectivamente realizados". El perjudicado por esta supuesta estafa sería el PSOE, se señala en el auto del Ministerio público, dado que este partido era el que entregaba anualmente a sus organizaciones territoriales cierta cantidad de dinero para mejorar la seguridad de sus sedes. En sus declaraciones ante el fiscal, Prieto y García Hidalgo admitieron que era común emitir facturas por anticipado para evitar perder la asignación anual del partido, de tal manera que las obras se ejecutaban con posterioridad.

El tribunal, analizada la denuncia del fiscal, cree necesaria la apertura de una investigación ya que con los datos disponibles hasta este momento no es posible descartar la existencia de una estafa. El TSJPV deberá dilucidar si esas facturas "se corresponden a trabajos efectivamente realizados" en locales del PSE o si los denunciados acordaron emitirlas con ánimo de lucro para no perder la asignación que anualmente aportaba el PSOE "para sufragar gastos de seguridad" ante la amenaza terrorista.

Denuncia anónima

El origen de este caso fue una denuncia anónima presentada contra Prieto, que en la actualidad es parlamentario vasco, el pasado mes de abril por el supuesto encargo de obras en sedes del PSE alavés a una antigua empresa participada por él, Escoiba S.A. Cuando esta denuncia salió a la luz, Prieto justificó ante los medios de comunicación estas contrataciones por razones de "seguridad" y confianza" derivadas del problema del terrorismo.

El parlamentario socialista reconoció entonces que "Escoiba" era la compañía de "urgencia y confianza" a la que recurría el PSE-EE de Álava cuando había que hacer obras en sedes que habían sufrido ataques terroristas y a la que se contrató "durante más de 15 años" con "absoluta normalidad" y ateniéndose "a los criterios que se pedían". Especificó que estuvo vinculado a Escoiba entre 1992 y 2012 y que él empezó a dedicarse a la "política profesional" en 2009, por lo que hubo un "pequeño tiempo de solapamiento".

Txarli Prieto es diputado en el Parlamento Vasco desde las elecciones autonómicas de marzo de 2009, aunque antes fue apoderado en las Juntas Generales alavesas y ejerció como secretario general del PSE-EE de Álava entre 2005 y septiembre de 2014. Víctor García Hidalgo, actual secretario provincial de Organización, fue director general de la Policía entre 2004 y 2006 y estuvo imputado -aunque finalmente fue excluido del proceso- en el caso Faisán, así conocido por ser el nombre del bar de Irun (Gipuzkoa) donde supuestamente se produjo el chivatazo a ETA que desmontó una operación contra su aparato de extorsión en 2006.