Un plan con más de 300 alegaciones

Los colectivos, que en algunos casos han unido sus fuerzas para diseñar sus propuestas, cuestionan algunos puntos del nuevo ordenamiento, en especial en lo referente a los suelos disponibles para construir viviendas y la expansión industrial. El objetivo fijado por el Ayuntamiento está en lograr el visto bueno definitivo en febrero de 2025, algo que algunos expertos consideran un tanto ambicioso.

A pesar de que el equipo de gobierno de Maider Etxebarria contactó con los grupos de la oposición para sopesar la ampliación del plazo de alegaciones hasta después del verano (ya lo hizo la pasada primavera), optó por pasar a la siguiente fase tras contactar con diferentes colectivos y ante las reticencias del resto de los grupos. Y es que más allá de los empresarios y constructores (Cámara y SEA-Uneca), el Colegio de Arquitectos (COAVN), propietarios de suelos de Salburua y Zabalgana, y asociaciones vecinales como Ensanche XIX entregaron sus aportaciones en las últimas fechas. Algunos de estos colectivos esperaron a que pasara el tsunami electoral para registrar sus documentos.

El nuevo Ejecutivo local ya había avanzado que «atenderá y escuchará» las alegaciones de estos expertos y agentes económicos, y ha admitido (sobre todo desde el PSE) que faltó algo de «escucha» durante la fase de redacción del Plan General. En este sentido, tanto Maider Etxebarria como Beatriz Artolazabal apuntaron que Vitoria «no puede perder su ventaja competitiva» con las ciudades del entorno a nivel de suelo industrial disponible. Una de las principales reivindicaciones de este sector, de hecho, se encuentra en la cantidad de grandes parcelas que están en el mercado para atraer grandes proyectos a Júndiz, Miñano, Gamarra y Betoño, además del polígono junto al aeropuerto de Foronda.

Otro de los puntos calientes del Plan General se encuentra en la expansión de la ciudad, ya que descarta urbanizar y construir pisos en 25 sectores. El más polémico es, sin duda, el de Uleta (entre Armentia y Lasarte), donde se proyectaban 294 chalés que enfrentan a los propietarios y el Ayuntamiento en los juzgados con varios casos abiertos. Los promotores han mantenido su voluntad de «negociar» para buscar un «equilibrio» entre los derechos de construcción del actual documento y el nuevo escenario, con soluciones como unificar las viviendas de varias zonas en una sola.