Vitoria adjudicó un contrato de limpieza de grafitis con un «procedimiento indebido»

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el Ayuntamiento sacó a contratación un servicio que incluía la identificación de grafiteros, por un lado, y las llamadas «limpiezas tácticas» en Ariznabarra, por otro. Esta segunda parte, que tenía un presupuesto de 30.000 euros, quedó desierta, por lo que el gobierno optó por adjudicar este servicio a través de un contrato menor (16.478 euros IVA incluido). El informe del secretario general considera «plenamente lícito» este primer encargo a Solutigraf, ya que se consideraba necesario para lanzar el proyecto. El «problema» surge cuando el Ayuntamiento adjudica el segundo contrato menor, en esta ocasión a un particular, A. U. M, que es precisamente el administrador de Solutigraf.

El secretario general aprecia que este último contrato tiene «un objeto muy similar al anterior», y que su «importe es prácticamente idéntico (al primero) y limítrofe con los umbrales del contrato menor». También repara en «la identidad del empresario y posteriormente de la empresa contratada, de la que es titular». En este sentido, remarca que «ambos contratos menores suman prácticamente la misma cuantía que el procedimiento inicial (cerca de 3.000 euros)».

Ante este análisis, el informe señala que «resulta difícil negar que nos hallamos ante un fraccionamiento de contrato». Es decir, «dividir en contratos las prestaciones que, por su naturaleza, podrían constituir un único contrato». Aunque este procedimiento no es ilegal, tampoco es el más estético, principalmente porque evita un concurso público. El informe señala que este aspecto «no se vio significativamente menoscabado», precisamente porque el Ayuntamiento sí sacó a concurso el primero de los contratos. Pero también deja claro que «si durante el plazo en que se ejecutaba el primer contrato menor se hubiera tramitado un nuevo procedimiento abierto, no se habría generado irregularidad alguna».

Precisamente el hecho de que el contrato inicial saliera a licitación es lo que lleva a desestimar un posible fraude. «Más que un fraccionamiento fraudulento, lo que se produjo fue una indebida o inadecuada elección del procedimiento a seguir, puede que por buscar la máxima celeridad que sin duda ofrece el contrato menor», señala el informe, que califica de «incorrecta» esta forma de actuar de la Administración.

Al margen de los contratos, el Ayuntamiento pagó dos facturas, que suman casi otros 20.000 euros. La falta de un proceso de contratación «siempre conlleva una irregularidad», tal y como recuerda el secretario general. «Su limitada cuantía en este caso permite atemperar su gravedad», concluye el informe. El escrito fue solicitado por el PP, que pidió investigar posibles irregularidades en estos contratos y facturas en uno de los proyectos más conocidos de lo que va de legislatura, que ganó el premio Escoba de Platino en abril.