Urtaran suspende las licencias urbanísticas de Uleta para enterrar la construcción de casi 300 chalés
La decisión afecta a otros 24 sectores, entre ellos Berrostegieta y Elorriaga, que estaban en una fase más incipiente, y evita su desarrollo en un «plazo máximo de un año»
Gorka Urtaran ha optado por la decisión más drástica para tratar de enterrar la construcción de 294 chalés en los terrenos situados entre el Alto ... de Uleta y la carretera de Lasarte. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes «suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas durante un plazo máximo de un año». Más en concreto, de aquellas zonas que son incompatibles con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que persigue frenar la expansión de Vitoria. Ahí entra el polémico sector 17, entre Armentia y Lasarte, y también los de Berrostegieta y Elorriaga, principalmente. Sin embargo, se trata de un total de 25 sectores distintos.
La decisión persigue, sobre todo, tumbar la reactivación exprés del proyecto del sector 17, denominado Ampliación San Prudencio Sur, cuyos propietarios tratan de acelerar para urbanizar los terrenos antes de la aprobación del Plan General, que impedirá construir en suelos no urbanizados. No obstante, el documento no puede calificar como rurales las zonas que ya estén preparadas para su construcción. De esta forma, el equipo de gobierno local (PNV-PSE) considera que se «garantiza la seguridad jurídica de todo tipo de actuaciones urbanísticas que puedan ser contrarias» a los criterios de la futura normativa urbanística, en fase de revisión tras un primer Avance.
La suspensión del otorgamiento de licencias implica que los trámites del Plan General deberán tomar velocidad de crucero. El Ayuntamiento necesita que la aprobación inicial llegue en menos de un año para que este último movimiento no suponga sólo retrasar el problema. Y es que en caso de que la aprobación de la norma urbanística llegara una vez vencido el plazo, el Gabinete Urtaran se reencontraría con el problema en el futuro. Una vez salvado ese trámite, la suspensión sería obligatoria durante otro año, ya que existiría un documento urbanístico que dictaría las nuevas reglas del juego. Es decir, la norma definitiva deberá entrar en vigor para enero de 2024.
A pesar de que la aplicación de la suspensión será un mero trámite en muchos de los sectores, el Ayuntamiento aún debe resolver cómo respeta los derechos adquiridos de los propietarios en algunas de las zonas más cotizadas de la ciudad. El alcalde se ha mostrado siempre partidario de realizar una «permuta»; es decir, trasladar esos derechos a otras zonas de la ciudad que sí se contemplen en el Plan General.
Sin embargo, en el caso concreto del sector 17, se trata de una de las áreas más cotizadas de Vitoria. La Administración local también deberá buscar una fórmula similar para Berrostegieta y Elorriaga. De hecho, los constructores llegaron a plantear unificar toda la edificabilidad en Uleta. Es decir, que esa zona del Sur aglutinara las viviendas previstas para las tres áreas mencionadas. La propuesta suponía pasar de los 294 chalés previstos a cerca de 1.500 pisos. Aún no han obtenido respuesta.
Los propietarios de los suelos de Uleta, por su lado, se encuentran en la recta final de contratar los trabajos para urbanizar el sector 17, sólo a falta de su adjudicación. En concreto, las obras se centrarían en cerrar la fallida Ronda Sur, lo que afecta a una parte de todo el sector. En este sentido, la concejala de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregi (PNV), aseguró la semana pasada que este proyecto «no se puede realizar por partes». No obstante, la carrera por los suelos no acabará ahí, ya que la decisión implica suspender nuevas licencias, mientras que los promotores aseguran que ya cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento desde hace más de diez años. El gobierno, por su lado, mantiene que esos plazos están «vencidos».
Al margen de los 25 sectores donde se aplicará la suspensión de nuevas licencias se encuentran Olaran, en Salburua, y Crispijana. El motivo reside en que el primero está incluido en el convenio de Salburua y Zabalgana y el segundo, porque ya cuenta con la aprobación definitiva desde el pasado mayo.
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