UGT pide a la justicia que embargue Tuvisa para pagar unos pluses por festivos a sus conductores
El sindicato lleva dos años pleiteando con la empresa que gestiona los urbanos en Vitoria para que abone unas cuantías que debe a los trabajadores
Dos años después de que UGT abriese un conflicto colectivo en Tuvisa por los pluses por festivos para los conductores, el sindicato y la empresa ... municipal escalan el conflicto a un nuevo nivel. Pese a que la pugna lleva años ganada por la central en los tribunales, la compañía que gestiona los urbanos no ha pagado las cantidades que debe a los conductores de sus autobuses. Ahora, después de que el juzgado de lo social rechazase otro recurso de Tuvisa, el sindicato ha solicitado a la justicia que inicie un procedimiento de embargo contra la empresa de los urbanos de Vitoria para que pague de una vez a sus trabajadores.
Todo comenzó en septiembre de 2023. Fue entonces cuando UGT demandó a Tuvisa por su «reiterada negativa a abonar a la plantilla las cantidades adeudadas en relación al cobro del plus contemplado en el artículo 48 del convenio». Ese punto del documento que rige las condiciones de los chóferes, personal de mantenimiento, inspectores y demás personal, según UGT «reconoce el derecho a recibir el plus por horas nocturnas en viernes, sábados, vísperas de festivo y días de la Virgen Blanca», un complemento distinto al que ya perciben los conductores de los gautxoris. «Inicialmente se buscó una solución dialogada, pero la propia gerencia instó a la parte social a acudir a los tribunales».
Entonces, UGT ganó el conflicto colectivo planteado ante los jueces, que cobró firmeza una vez la empresa municipal no recurrió esta primera sentencia. Sin embargo, Tuvisa no abonó ningún dinero pendiente a sus conductores.
En 2024, el sindicato decidió mover ficha y pedir a la justicia que ejecutase la sentencia. «El procedimiento ha sido dilatado innecesariamente por el departamento de Recursos Humanos, que agotó todas las vías de recurso posibles, llegando incluso a forzar una nueva vista con una documentación extensa e inconexa que únicamente pretendía entorpecer el proceso judicial», subraya la central en un comunicado.
La situación se ha agravado en este último año. En enero la dirección de la empresa municipal recortó un 40% el valor de los pluses horarios. En abril, los tribunales emitieron un nuevo auto ordenando a Tuvisa que abonase esas cuantías a la plantilla. «Meses después, tras el contacto directo mantenido por los servicios jurídicos del sindicato con su homólogo municipal, se confirmaba que Tuvisa no pretende cumplir el auto judicial, lo que ha obligado a UGT a solicitar el procedimiento de embargo contra la empresa».
El último auto judicial, del pasado 2 de septiembre, advierte que «la conducta mantenida por la dirección del ente municipal podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal, al persistir en el incumplimiento de una sentencia firme».
Pide el cese de la gerente
«Además de esta, Tuvisa incumple sistemáticamente otras sentencias firmes, como las relativas al anuncio de los horarios de trabajo con cinco días de antelación, la implantación de un sistema de registro de jornada fiable o la aplicación del acuerdo de fin de huelga del 3 de mayo de 2019 sobre la jubilación parcial», afea UGT.
El sindicato exige ahora «el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales» y «el cese de prácticas que solo contribuyen al deterioro del clima laboral y a un importante perjuicio económico para el ente público», así como el cese de la gerente de la empresa municipal María José Ajuriaguerra.
En declaraciones a este periódico, portavoces de la central recalcan que la dirección de Tuvisa «ha estado engañando a sus consejeros» porque «les ha ocultado que estaba este embargo». UGT rehúsa dar una cifra de la deuda pendiente, pero el embargo solicitado a Tuvisa -formulado por el montante a abonar sólo a los afiliados del sindicato pese a que el conflicto judicial sí afecta a todos- es de decenas de miles de euros que debe la compañía a su plantilla.
Una petición «desproporcionada»
La presidenta del ente municipal, Izaskun Reyes, ha respondido a UGT que Tuvisa sí tiene «la voluntad de ejecutar la sentencia relativa al pago de complementos». Sin embargo, ha matizado que existen «dos interpretaciones de un auto judicial»: la de la empresa pública y la del sindicato. «En estos casos lo razonable es hablarlo».
«Me consta que Tuvisa ha solicitado a todas las personas trabajadoras que se dirijan al servicio de Recursos Humanos para verificar el cumplimiento de la sentencia», ha contrapuesto antes de concluir que «amenazar con un embargo de cuentas sin intentar una resolución consensuada previamente me parece totalmente desproporcionado».
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