El registro civil de Vitoria recibe 7 solicitudes de información el primer día de la nueva 'ley trans'

Sin embargo, más allá de atender estas peticiones de información, los funcionarios del Palacio de Justicia no realizarán estos días ningún trámite relacionado con cambios de sexo. Debido al paro indefinido de los letrados de la administración (LAJ) que se inició el pasado 24 de enero, el registro civil de la capital alavesa solo tramita nacimientos, defunciones o bodas. Por lo que el resto de cuestiones tendrán que esperar. La huelga no ha evitado, eso sí, que los trabajadores hayan adquirido en los últimos días las nociones sobre cómo atender las peticiones relacionadas con la modificación de sexo en el DNI.

Sin informes

La nueva ley impulsada por el ministerio de Irene Montero y que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans supondrá una importante novedad en los registros civiles de todo el país. Según recoge la ley publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) todo aquel con «nacionalidad española mayor de 16 años» podrá solicitar «por sí mismo» en el Juzgado el cambio de sexo. Los menores que tengan entre 14 y 16 años lo podrán hacer también «por sí mismos» pero en este caso «asistidos por sus representantes legales». Si existiera «desacuerdo» entre padres y menores se procedería a nombrar un «defensor judicial».

El texto especifica que la persona encargada de inscribir el cambio «en ningún caso» puede pedir –como sucedía hasta ahora– un «informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni la previa modificación de la apariencia corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

La persona que solicite este trámite será citada para comparecer otro día en el registro civil. En ese segundo acto se elige un nuevo nombre propio y se recogerá «su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento». Pero el proceso no acaba aquí, y es que tres meses después el interesado debe comparecer en la misma oficina para aseverar la «persistencia de su decisión».