El PSE se aferra a su reforma de Urbanismo para controlar la expansión de Vitoria

El movimiento del ala socialista del Ejecutivo en minoría con los jeltzales -la creación del servicio de Desarrollo Estratégico y Vivienda- busca tomar el control político de una de las herramientas básicas de la gestión municipal: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento urbanístico de mayor rango, que definirá la expansión de la capital alavesa durante al menos 25 años, se encuentra en una fase decisiva, en pleno proceso de revisión y a medio tramitar tras lograr la aprobación inicial con el respaldo de Elkarrekin Podemos.

El Gabinete Etxebarria defendió este lunes los cambios de personal que ha introducido en Urbanismo. Modificaciones, se asegura, que buscan dar «eficacia» e «intentar generar las mejores estructuras posibles» para el trabajo de un departamento clave en la gestión municipal. La redacción del propio PGOU «exige cierta especificidad y concentración», subrayó el concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, el socialista Borja Rodríguez, hombre fuerte del equipo de la alcaldesa y que será responsable político directo del nuevo servicio. Fue la argumentación que expuso durante una comisión centrada en este asunto, promovida por los grupos de oposición, y en la que el PNV no intervino. El recurso de su exconcejala genera incomodidad entre los dos socios de Gobierno.

El PSE ha pasado a ocuparse en este mandato de la cartera de Urbanismo, que en la anterior legislatura recaía en los jeltzales, y ha diseñado un nuevo organigrama restando poder a la principal artífice del Plan General. Un documento que deberá mantener el difícil equilibrio entre las exigencias de Elkarrekin Podemos y la demanda de empresarios y el propio diputado general, reclamando más suelo industrial. En cualquier caso, el edil socialista se limitó este lunes a explicar que la tramitación del PGOU lleva «mayor trabajo» y «se alarga más en el tiempo».

El control de ámbitos tan estratégicos como el Plan General es uno de los aspectos que más inquieta a la oposición, ya que el personal del nuevo servicio «depende directamente del nuevo director y del concejal», alertaron los populares, que junto con EH Bildu y Elkarrekin mostraron su preocupación por los cambios en el departamento y por cómo afectarán al Plan General. Algo a lo que el responsable del Gobierno Etxebarria restó importancia al asegurar que la reorganización «no va a interferir en el desarrollo de las cuestiones urbanísticas, incluida la tramitación del PGOU». La aprobación definitiva está prevista para el verano de 2025. Rodríguez reiteró que la reestructuración dará mayor agilidad al departamento. Las estructuras de una organización municipal «no son ni deben ser inamovibles». No es la primera vez que se acomete un cambio de este calado. En 2021, recordó el edil, en el área de Urbanismo, entonces en manos de peneuvistas, ya se hizo una reordenación para agilizar las licencias, un objetivo que «se ha conseguido», se felicitó. Este tipo de cambios «se hacen en todas las administraciones». El actual «busca mejorar la tramitación de distintos aspectos urbanísticos», repitió.

El servicio impulsado por los socialistas cuenta con 5 trabajadores (arquitectos y otros profesionales) que han salido del área de Planeamiento. Una modificación que rebaja a la mitad el equipo que dirige desde hace un año en el departamento la exedil Ana Oregi. En un escrito de 30 folios, a cuyo contenido tuvo acceso este periódico, pide directamente invalidar la medida. El asunto parece abocado al Contencioso-Administrativo porque no es previsible que Alcaldía revierta su decisión. Sobre el movimiento de personal, el 'número 2' de Etxebarria explicó que de las 17 personas adscritas al servicio anterior, se quedan 12, negando un «desmantelamiento».

Este cisma en Urbanismo llega en el momento clave para el Plan General. El gran documento superó la aprobación inicial al comienzo del verano de mano de Elkarrekin y deberá lograr el visto bueno definitivo el próximo año. De lo contrario, corre el riesgo de que expire la suspensión de licencias que decretó Gorka Urtaran en febrero de 2023 para evitar el desarrollo de algunos sectores que está previsto desclasificar. Entre ellos Uleta, donde el pulso entre los propietarios y el Ayuntamiento ha llegado a los tribunales.