El primer juicio con jurado del año en Álava decidirá si el expresidente de la junta de Ribaguda robó 157.000 euros
El nuevo equipo gestor de este concejo en el Sur de Álava le denunció por «desviar a sus cuentas» dinero de subvenciones y expropiaciones
El primer juicio con jurado del año en Álava se ha hecho esperar. Arrancará esta mañana de lunes con la selección de los nueve ciudadanos – ... y dos suplentes– que decidirán la responsabilidad penal o no del procesado. La razón de esta fórmula judicial tan poco habitual versará sobre «un delito de malversación de caudales públicos». Se refiere la supuesta apropiación de 157.051 euros por parte del que fuera presidente de la junta administrativa de Ribaguda, un pequeño concejo perteneciente a Ribera Baja situado a 30 kilómetros de Vitoria y a apenas 5 kilómetros de la muga con Burgos.
La lupa sobre este enclave, con apenas veinte almas censadas, se posó en 2014. Los nuevos responsables de la junta administrativa se percataron de que algo chirriaba en el libro de cuentas. En un primer momento acudieron en busca de asesoramiento a la Diputación alavesa, entonces dirigida por el popularJavier De Andrés. Allí les recomendaron una auditoría en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).
Tras conocer los desalentadores resultados, aquello acabó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria con una denuncia oficial. La nueva junta administrativa de Ribaguda apuntaba al anterior regidor-presidente.
La investigación determinó la existencia de indicios claros de que el sospechoso, en el cargo desde el año 2009 hasta el 22 de diciembre de 2013, habría desviado miles de euros de la cuenta corriente del concejo alavés a suyas particulares.
Un día después de su cese
Hay acreditadas varias transacciones de dudosa legalidad. En una, realizada durante el verano de 2012, el ahora investigado se habría apropiado de 25.000 euros. En otro movimiento, fechado a primeros de 2013, habría obtenido otros 75.000. Entre enero de 2010 y hasta el día después de su cese, 23 de diciembre de 2013, habría realizado «múltiples reintegros no justificados». En total, otros 57.051 euros.
Ese dinero, procedente de suvenciones de distintas administraciones y de expropiaciones, ascendería a 157.051 euros. Se desconoce su paradero actual.
Hoy, lunes, entre la Fiscalía y la defensa seleccionarán a los ciudadanos llamados a emitir un veredicto a partir del viernes, cuando concluirán las vistas orales. Fuentes judiciales deslizan que el letrado del encausado «probablemente aducirá que ese dinero correspondía a alguna compensación, o pago, de la junta administrativa a su cliente por la cesión de un terreno de su propiedad para la ampliación de la plaza del concejo».
El Código Penal castiga la malversación con penas de prisión que van de tres a seis años.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
