Ordenan a Osakidetza un mayor control de los fármacos tras dos muertes en cárceles vascas

La Sanidad vasca deberá coordinarse con Instituciones Penitenciarias –titular de los tres penales hasta que se complete la transferencia en primavera– y las asociaciones que prestan servicio a los internos. En la actualidad, un alto porcentaje de presos recibe a diario un sobre con varios medicamentos y se autogestiona su ingesta. Dice la jueza que muchos de esos productos acaban en el mercado negro de las cárceles. Tal fuerza han alcanzado que se han impuesto a drogas como la cocaína, heroína o ketamina, «residuales» ahora.

«La práctica de consumo de los internos ha variado, pasando del consumo de drogas al consumo de psicofármacos», advierte la magistrada. La atención médica de los presos en el País Vasco corresponde al Ejecutivo de Lakua «desde 2011».

La muerte por sobredosis farmacológica de un joven alavés a finales de julio motivó este movimiento judicial. Ruth Alonso inició entonces una investigación sobre la situación real en los tres penales vascos. Los datos recabados resultan demoledores.

El centro penitenciario de Álava, más conocido como Zaballa, es el más grande de la comunidad autónoma. En los primeros 9 meses de 2020 registró dos fallecimientos, cinco ingresos en la UCI, otros seis en medicina interna, uno en Urgencias, más otras diez atenciones en la enfermería de la prisión, por «intoxicación medicamentosa». Las hospitalizaciones por el abuso de sustancias psicotrópicas se redujo a un par de personas.

Esta instalación alavesa soporta una población flotante superior a las 700 personas. Con semejante flujo cuenta con tres formas de entrega de medicamentos: un sobre al día para la autogestión, un reparto más selectivo en cada comida y un tratamiento supervisado para los casos más severos. Vigilancia Penitenciaria considera que ya sólo vale el último.

En Martutene, a cuatro kilómetros de San Sebastián, han sufrido cuatro intoxicaciones por psicofármacos y una por ketamina. La situación en Basauri es la más benigna. Un afectado por consumo de «alcohol casero» y otro por ingesta de «dermogel alcohólico para desinfección de manos».

Con el 75% de los reclusos considerado consumidor de drogas, lo cierto es que su utilización se ha desplomado, en parte porque la aparición del Covid-19 ha blindado estos centros. Los vis a vis se realizan bajo estricto control de los funcionarios. Si hay contacto físico, el preso es aislado en una celda catorce días. Ese extra de seguridad ha potenciado aún más un uso irregular de los fármacos repartidos por prescripción médica.

El acopio de «medicación psicotrópica», considera la jueza, se produce en «dependencias con acceso generalizado». Es decir, sin control. «La medicación no ingerida por los pacientes deja de formar parte de un tratamiento médico, pierde naturaleza de medicamento y se convierte en pastillas psicotrópicas que se incorporan al mercado negro de sustancias tóxicas», continúa el mandamiento judicial. «La administración sanitaria alimenta este mercado, de forma involuntaria, con regularidad y eficacia», incide.

Con estos mimbres, Alonso decreta el tratamiento supervisado en cada toma como único sistema válido contra las intoxicaciones de fármacos. Además, exige a todas las administraciones involucradas que se reúnan y elaboren un protocolo de actuación común. Todo ello en el plazo de un mes.