Garoña iniciará su desmantelamiento en 2019 con la retirada del combustible nuclear

Vista de la central nuclear de Garoñan, en Burgos./Igro Aizpuru
Vista de la central nuclear de Garoñan, en Burgos. / Igro Aizpuru

Enresa ya ha adquirido cinco contenedores especiales para este proceso, que arrancará en el segundo semestre en la piscina de la planta

MARÍA JOSÉ PÉREZ

El inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña ya tiene fecha. Un año y 16 días después de que el entonces ministro de energía, Álvaro Nadal, anunciara el cierre definitivo de la instalación, Nuclenor informó este viernes de que las tareas previas al desmontaje total comenzarán en el segundo semestre de 2019. En ese momento se procederá a la carga del primero de los cinco contenedores previstos inicialmente con el combustible gastado de la piscina de la nuclear, cuyo reactor permanece inactivo desde 2012.

Una vez cargado, ese primer contenedor será trasladado al almacén temporal individualizado (ATI), situado en la propia planta, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico. Según detallaron desde Nuclenor, esta actuación forma parte de las tareas propias para preparar la instalación de cara al futuro proceso de desmantelamiento, que realizará con posterioridad Enresa, la empresa estatal de residuos radiactivos.

Desde que el pasado 1 de agosto de 2017 se decretara el cierre definitivo de la central, cuyo inicio de funcionamiento data del año 1970, apenas se han producido cambios en la instalación. Al menos esa era la percepción de los vecinos de la zona y de las organizaciones ecologistas que siguen de cerca el día a día de la planta ubicada en Burgos, pero con un radio de acción que afecta a numerosos pueblos de las comarcas alavesas de Lantarón y Valdegovía. Este viernes, fuentes de la empresa explicaron que las tareas previas se están realizando según lo previsto, de modo que sigue su curso el acondicionamiento de los residuos y el posterior vaciado de la piscina de combustible gastado.

Por el momento, Enresa ha adquirido cinco contenedores para este proceso, que tutela la empresa estatal, encargada del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando hasta 2031 denegó el Gobierno.

Así, una vez que expiró la autorización para seguir con la actividad, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar el permiso de 'limpieza' de la central. Los pasos a seguir incluyen la entrega de un estudio para su desmontaje al recién creado Ministerio para la Transición Ecológica, así como el plan que se va a seguir, además de solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta que más años ha estado en activo en España.

Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización del Ministerio a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña. Será entonces cuando se inicie la fase de desmontaje y desarme por parte de la compañía, que hasta la fecha ha realizado estos trabajos en las centrales nucleares de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara).

Cuando el pasado año Nadal anunció cierre total, explicó que el recorrido hasta su total desaparición tendría una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. Una vez que finalicen todas estas actividades, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento, que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después, el Gobierno emitirá la declaración de clausura y entonces Enresa devolverá el emplazamiento desclasificado a su titular, Nuclenor. El Ejecutivo centralpodrá establecer restricciones de uso sobre los terrenos en los que se asentaba la instalación.

Recursos naturales

Desde que el Gobierno decretó el cierre definitivo de la central, los catorce municipios situados en un radio de diez kilómetros en el entorno de la central trabajan en la elaboración de una propuesta de desarrollo en la comarca. Según explicó Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina, donde se ubica la planta, está pendiente de los últimos retoques para poder ser presentado en septiembre. Este proyecto se basa en un análisis del potencial de la zona, sobre todo de sus recursos naturales. La Junta de Castilla y León, por su parte, anunció que se invertirán los fondos que se obtengan del impuesto que gravará el almacenamiento de residuos nucleares. Sin embargo, la alcaldesa tiene dudas sobra la llegada de esos aproximadamente diez millones de euros.

 

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