El modelo de vivienda pública cambia de era en Euskadi tras vender más de 65.000 VPO

La segunda fecha importante es junio del 2015, momento en el que se aprobó la ley vasca de Vivienda. Una normativa que exige a las administraciones destinar todos los recursos públicos al alquiler. Dicho de otra manera, prohíbe al Gobierno vasco y a los ayuntamientos inyectar dinero en la edificación de VPO en venta. Un cambio que la mayoría expertos consideran «muy positivo», aunque no afecta a los promotores privados, quienes pueden seguir edificando vivienda pública en propiedad.

Como toda ley, esta también ha tenido un «periodo de adaptación» que terminará en «primavera» del año que viene, cuando Visesa (sociedad pública para la promoción de vivienda protegida del Gobierno vasco) entregue los últimos dos bloques de VPO en venta impulsados con fondos públicos. Son 120 pisos situados en la capital vizcaína, en el entorno de Zorrozaurre (Bilbao), proyectados antes de que se aprobara la nueva normativa. Esa promoción pone punto y final a toda una era en la que ha predominado la VPO en venta frente al alquiler. Desde 1990 en Euskadi se han vendido 65.236 pisos sociales: 10.189 promovidos por Visesa, 46.831 por las constructoras privadas (a partir de 2008 es cuando las promotoras    fortalecieron su músculo en VPO) y otras 8.216 son casas movilizadas por el Departamento de Vivienda en derecho de superficie.

En Álava se han levantado alrededor de 40.000 viviendas desde 1998, de las que más de 6.400 fueron en régimen libre y alrededor de 14.000 de régimen protegido, de ellas 13.241 antes de 2015. En lo que se refiere al parque de alquiler, el pasado febrero Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria desbloquearon la construcción de 960 casas para arrendamiento en nueve parcelas de Salburua    –un proyecto que se desarrollará hasta 2029–. La oferta de VPO de alquiler del Gobierno Vasco y de Alokabide, crecerá así hasta las 4.334 viviendas.

«La ley de 2015 fue un acierto desde el punto de vista de la promoción, aunque a nivel financiero suponga un retorno a largo plazo», explica el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos. Esta última década, los únicos que han tenido y tienen la libertad para construir VPO en régimen de compra es la iniciativa privada. Desde 2015 han levantado 5.050 pisos. Aunque el Gobierno vasco ha conseguido impulsar con programas de ayuda un millar de alquileres asequibles –un modelo con un precio intermedio entre el público y el privado–, lo normal es que los promotores apuesten por la VPO en venta básicamente por su interés en que la inversión retorne rápido.

El último ejemplo en la capital alavesa es de esta misma semana. Tal y como avanzó ELCORREO, la sociedad pública Ensanche 21 ha sacado a la venta tres parcelas en Salburua (una en Santo Tomas y dos en Larrein) con el objetivo de implicar a los constructores y ganar 279 VPO y 183 viviendas tasadas. «La construcción es un negocio y es justo que quieran ganar dinero. Se han intentado hacer convenios para impulsar bloques de alquiler, pero se han encontrado trabas en la administración», añaden desde el sector.

Con casi 99.000 personas inscritas en Etxebide, y el 80% prefiriendo el arrendamiento frente a la compra, el principal reto ahora pasa por tejer fórmulas que ayuden a incrementar el parque público de alquiler para descongestionar el mercado. En palabras del sociólogo Arkaitz Fullaondo, lo fundamental es que se apruebe un «acuerdo político» entre Lakua, diputaciones y ayuntamientos para que «los terrenos que disponga cada municipio vayan destinados al alquiler social» y «no se vendan a promotores privados que vayan a impulsar la compraventa». Pero también cree que el Departamento liderado por Denis Itxaso tiene que dar un paso firme para convertirse en «el mayor promotor de vivienda pública de Euskadi», aunque «sea necesario aumentar los recursos».

Para los expertos, que los esfuerzos se hayan focalizado en la venta tiene su sentido en la «cultura de la propiedad» en la que está sumergida Euskadi. El último Deustobarómetro de invierno muestra precisamente esta realidad. En lo que se refiere a la vivienda, un 91% de los encuestados asegura que les gustaría tener un hogar en propiedad, mientras aquellos que prefieren el arrendamiento caen al 6%. De hecho, ocho de cada diez cuestionados piensan que una casa es una inversión, mientras que otro 70% sostiene que alquilar es «tirar el dinero». «El arrendamiento depende mucho de la movilidad. Hay países como EE UU en los que los cambios de vivienda son más normales. Aquí estamos más localizados y enfocados en la propiedad. También es cierto que en otras regiones la vivienda no es tan rentable como en España», asegura Iñigo Viar, arquitecto y director del máster de Vivienda Pública de la UPV/EHU.

Por todo ello, y también por puro negocio, ven «complicado» que los constructores apuesten por el arrendamiento antes que por la compra. En todo caso,De los Toyos reconoce que «la Ley de Vivienda nacional de 2023 sí marca un porcentaje de VPO que se tiene que hacer en alquiler y que hay que ver cómo trasladar a la normativa vasca». El viceconsejero también sostiene la necesidad de «revisar» los porcentajes de reserva de vivienda pública que marca la normativa para «garantizar la viabilidad de las promociones».

Aunque hay quien considera que si las políticas de alquiler público se hubiesen ejecutado antes el mercado de arrendamiento estaría «menos tensionado», especialistas en urbanismo como Viar sostienen que «lo público debe diferenciarse de lo privado». «El tensionamiento del mercado no lo va a solucionar la vivienda pública, que también tiene un importante reto con la gestión de suelo. Son dos realidades paralelas. Los alquileres libres son muy altos y en algunos casos, el precio de un arrendamiento es igual que el de un crédito. Si esto no cambia –asegura el director del máster de la UPV–, la sociedad seguirá apostando por la propiedad».