20 millones de semillas de cannabis precintadas 4 años a la espera de juicio

En el otoño de 2020, y en un despliegue sin precedentes, efectivos de la Guardia Civil de Álava y de la Agencia Tributaria irrumpieron en sus instalaciones. La matriz –localizada en una céntrica calle de San Sebastián–, medio centenar de domicilios y once «grandes plantaciones de cultivo de marihuana» repartidos por Gipuzkoa y Navarra. Entre ellos, un laboratorio de manipulación genética.

Hubo catorce detenidos y ocho investigados. Se bloquearon 126 cuentas bancarias «con un saldo aproximado de doce millones de euros» e intervieron 55 inmuebles con un valor estimado «superior a los nueve millones de euros». Los investigadores también requisaron «más de 207.000 euros en metálico». Pero el premio gordo correspondió al decomiso de 20 millones de semillas de cannabis, tasadas en «cien millones de euros».

En la actualidad, casi cuatro años después de aquel dispositivo inédito en España y denominado Inxer Toro, esa mercancía continúa «precintada» a la espera de que un tribunal decida si sus propietarios, con diferentes negocios secundarios, se dedicaba a experimentar con el cannabis o, en realidad, se trataba de una tapadera para vender al por mayor esta droga mal considerada blanda.

Cuatro delitos diferentes

La Audiencia Nacional continúa con la instrucción del asunto. Estos casi cuatro años de averiguaciones parecen una eternidad, pero se entienden al repasar el rosario de recursos presentados. En especial, de los diferentes letrados de la defensa. Hay más de media docena de procesados, quienes mientras tanto prosiguen con sus vidas cotidianas a la espera de un juicio que aún tardará en arrancar.

Según ha sabido este periódico, hace escasas semanas, la Audiencia Nacional desestimó las últimas argumentaciones de la defensa, que siempre ha esgrimido que sus clientes nada tienen que ver con los narcos. Esos que se ocultan en naves industriales para producir hasta cuatro cosechas al año y, luego, venderlas al mejor postor.

No lo ve así el Juzgado Central de Instrucción número 6. Ha apreciado indicios penales. Hasta la fecha, la carta de acusaciones incluiría el delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud, blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y contrabando.

«Ninguno de los investigados está registrado en Risca (acrónimo del registro de importadores de semillas de cannabis)», remarca uno de los autos de esta sala. También hace referencia este juzgado a que carecen de la «preceptiva autorizacion de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios». Sostiene asimismo Instrucción 6 sobre la mercancia incautada que «las semillas no están registradas ni autorizadas» ni por la matriz ni por sus firmas paralelas. Esa carga sospechosa «quedó intervenida y precintada en la misma empresa a disposición del juez. La empresa siguió funcionando porque tiene una parte legal», ratifican desde la Subdelegación del Gobierno en Álava.

Estudio con la UPV

En sus estatutos, la matriz ahora bajo la lupa judicial figura como especialista en «comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alemientos para los mismos en establecimientos especializados».

Al menos durante un año, la actividad de la compañía se paralizó completamente y «todos» sus trabajadores cayeron en un Erte. En un comunicado oficial, anunciaron la «suspensión» de su estudio conjunto con la UPV con el que «se pretendía analizar cómo afectan los pesticidas de los cultivos a las semillas».