La Justicia ordena a Vitoria que nombre ya al jefe máximo de la Policía Local

Esta sentencia llega tras un recurso presentado por la subcomisaria Marian Vidaurre, quien fue cesada en noviembre del puesto de comisaria (ahora mismo, el cargo principal en el cuerpo). Aunque este fallo del TSJPV es paralelo a aquella destitución, porque Vidaurre demandó mucho antes al Ayuntamiento de la capital alavesa por la vía del Contencioso-Administrativo. Pretendía visibilizar la existencia de una plaza, la de intendente, guardada en un cajón pese a que el límite para las ciudades con más de 150.000 habitantes expiraba en 2022. La Ertzaintza, con implantación en toda la comunidad autónoma, cuenta con varios.

El año pasado, un juzgado de Vitoria emitió un primer fallo, que fue recurrido. Ahora, el TSJPV da la razón «parcialmente» a esta policía local, la única en Aguirrelanda con la plaza de subcomisaria en propiedad y que bien podría aspirar al cargo de intendente una vez que los departamentos de Función Pública –liderado por el socialista Jon Armentia– y Seguridad –dirigido por el peneuvista César Fernández de Landa– arranquen el proceso para cubrir ese hueco. En este sentido, admitió el primero ayer en comisión, el Ayuntamiento no alargará esta agonía judicial hasta el Supremo. «Acataremos la sentencia (del TSJPV) y la cumpliremos cuando sea firme», anunció Armentia. El texto legal alcanzará ese grado en los próximos días.

EL TSJPV, en su resolución sobre el puesto de intendente, explica que en 2019 cambió la legislación para la organización de las diferentes policías vascas. Y que todo aquel municipio con más de 150.000 habitantes debía agregar un puesto de intendente, la máxima escala según la ley actual para 2022 como tarde. Han pasado cinco años sin que el Ayuntamiento de Vitoria haya cumplido este mandato.

A su vez, esta resolución que no será recurrida permite que el elegido pueda ser un policía ajeno a la Guardia urbana de la capital del País Vasco. Fuentes del Gabinete Etxebarria admitieron este extremo, aunque por el momento prefirieron no pronunciarse sobre sus preferencias.

Hasta la fecha, al menos en Aguirrelanda, sólo ha habido comisarios y éstos siempre lo han sido en comisión de servicios. Es decir, de forma temporal. Una política siempre criticada por los sindicatos policiales y las bases de la Guardia urbana, quienes consideran que con esta vía «los partidos políticos se aseguran que el elegido no va a actuar por libre al estar condicionada su continuidad a obedecer todo lo que le manden».

Ésta no es la primera derrota judicial del Consistorio relacionada con la Guardia urbana. Hace un año, los juzgados dieron la razón a Vidaurre sobre la irregular selección del entonces comisario, Roberto Tobalina. Éste tuvo que dejar el puesto, que fue para esta subcomisaria. La agente con varias décadas de experiencia en el cuerpo apenas duró unos meses hasta que Gurtubai la destituyó por «gestión ineficaz». En una comparecencia posterior aportó un rosario de motivos personales, quizá demasiados. Le sustituyó José Carlos García Marcos. Este mando habilitado aguanta con «más sombras que luces», aseguran diversas fuentes internas de la plantilla.