El jefe foral de Montes pacta con Fiscalía y acusación para evitar un juicio por proteger furtivos en Álava

Entonces, según el relato que han defendido durante los últimos años tanto el Ministerio Público como la acusación popular, unos cazadores con autorización oyeron un disparo en el coto de Manzanos, en el municipio de Ribera Baja, y observaron a otras dos personas que carecían de permiso arrastrar un corzo muerto al que a continuación decapitaron. Los testigos avisaron a un conocido agente forestal de la Diputación -que este lunes ha acudido como testigo a los tribunales de la Avenida de Gasteiz- que encontró vísceras del animal y un arma que presuntamente pertenecía a uno de los cazadores sin permiso.

Pero este no es el delito que se le imputaba al jefe de Montes y que en parte ha admitido. Y es que, a partir de ahí, se presentaron dos denuncias ante el Departamento foral de Agricultura, del que depende este servicio foral, y el técnico forestal que acudió al aviso tramitó la apertura de un expediente. Ninguno de los tres documentos llegó a prosperar y los supuestos furtivos recibieron una pequeña sanción por estar cazando fuera del horario que se les había asignado porque -entre otras cuestiones- el jefe de Montes se centró exclusivamente en un vídeo de mala calidad y obvió toda la demás información que se le había proporcionado.

Tanto la acusación como la defensa de este alto funcionario, que ha ejercido el conocido abogado Javier Beramendi, han eludido dar los detalles concretos sobre esta sentencia a la salida del Palacio de Justicia y qué condena tendrá que asumir el acusado. Lo único que ha trascendido es que no se celebrará un juicio oral que, entre otras cuestiones, hubiese obligado a comparecer como testigo a distintos cargos de la Diputación de Álava. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 había considerado que existen indicios para pensar que el jefe foral había incurrido en un delito de «falsedad documental».