Un informe jurídico del Gobierno vasco avala la «correcta» actuación de Amaia Barredo
La Fiscalía pide investigar por «prevaricación» a la nueva diputada de Medio Ambiente tras ser denunciada por autorizar un proyecto en Bergara
La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) ha emitido un informe que respalda la «correcta» actuación de Amaia Barredo, nueva diputada foral de Medio Ambiente, ... cuando era viceconsejera del mismo ramo y dio luz verde a un proyecto empresarial en Bergara (Gipuzkoa). Un asunto que colectivos ecologistas denunciaron hace un año ante la Fiscalía Provincial de Álava, que el pasado 15 de marzo pidió la apertura de diligencias penales contra ella y su director de Calidad Ambiental, Javier Agirre, por un presunto delito de «prevaricación administrativa». La decisión de si se llama a declarar a ambos está ahora sobre el tejado del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.
La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, hizo público este martes el informe de la COJUA y dijo que en este momento «no le consta» investigación alguna por parte de ningún juzgado, aunque reconoció que han aportado documentación al Ministerio Público sobre este tema en concreto. «Ningún cargo público de este gobierno está investigado en este momento, no consta en ningún lugar. No existe, por lo tanto, ese hecho administrativo considerado delictivo por una supuesta prevaricación», declaró Tapia y trató de quitarle hierro al asunto limitándose a explicar que «existe una denuncia por parte de una persona ante la Fiscalía».
Este periódico ya publicó hace una semana el escrito de la Fiscalía que concretaba que el inicio de este asunto data del 10 de junio de 2021. Una empresa se dirigió al Ayuntamiento de Bergara para instalar una planta de calcáneos. En un primer momento recibieron un informe municipal favorable para su implantación. A partir de ahí, esta firma acudió al Gobierno vasco para conseguir una acreditación de Autorización Ambiental Integrada. Sin embargo, en esta segunda solicitud informó de un objetivo industrial distinto al explicado al Consistorio. Pasó a ser una «gestión de residuos» de la industria papelera. Esa es la clave de todo este proceso porque después se sucedieron informes y contrainformes. Por un lado, el Ayuntamiento de Bergara revocó su autorización inicial por sentirse engañados por la compañía, mientras que el departamento donde Barredo tenía responsabilidades opinó lo contrario y dio vía libre al proyecto. Ante semejante choque de trenes y contradicciones, los ecologistas acudieron a la Fiscalía.
El diputado general, Ramiro González, ya señaló hace cinco días que la decisión de Barredo de conceder la licencia ahora cuestionada «se tomó con los informes jurídicos pertinentes por parte del Gobierno vasco» y «con el pleno convencimiento de que era una decisión que estaba amparada en la legalidad».
Las explicaciones públicas de Barredo en las Juntas Generales, sin embargo, se harán esperar. Pese a que ella se ha ofrecido a comparecer, el parlamento alavés se encuentra en periodo de «intersesiones» y las comisiones ni siquiera se han formado tras el 28-M. Por eso, la diputada no será convocada hasta el mes de septiembre para hablar ante el legislativo.
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