El Gobierno vasco lleva 3 años sin desarrollar la ley de Juventud, clave para controlar colonias

Las diputaciones han apuntado al Gobierno vasco y más concretamente hacia el desarrollo de la Ley vasca de Juventud de 2022 que, al recoger lo relativo a la inspección de las actividades, servicios y espacios para jóvenes, remite a un posterior desarrollo reglamentario que, tres años después de la aprobación de la normativa en el Parlamento vasco, aún no ha visto la luz.

Las diputaciones, instituciones a las que los organizadores de colonias deben informar de la celebración y presentar la documentación pertinente, reclaman ya cambios legales que permitan controlar los udalekus privados. La diputada vizcaína Teresa Laespada (PSE), titular de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, ya advirtió el martes de que «no existe un marco legal que permita que este tipo de actividades sean controladas por las administraciones». En términos similares se pronunciaron unas horas después desde Gipuzkoa, cuya área de Juventud, en manos de la también socialista Goizane Álvarez, estimó «insuficientes» los marcos normativos actuales.

En Álava, la titular de Cultura, Ana del Val (PSE) no se ha pronunciado sobre este extremo y se ha limitado a solicitar comparecer en las Juntas por este asunto. En todo caso, el pasado viernes ya dijo que conocía «hace muchísimos años» la existencia del campamento de Bernedo pero al no recibir «nunca antes» quejas no se habían practicado control alguno. «No vamos a ir por todos los pueblos», expresó.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), en una entrevista radiofónica, llamó ayer a las instituciones vascas a analizar si la normativa existente «es adecuada» para controlar lo que ocurre en udalekus de titularidad privada, un golpe de timón a lo dicho un día antes por sus compañeras de gabinete y partido, la portavoz María Ubarretxena y la consejera de Juventud, Nerea Melgosa, que habían optado por no hacer autocrítica ni asumir responsabilidades despachando cualquier mención al 'caso Bernedo' con que no es de su competencia.

¿Y de quién es? Eso es lo que no queda claro ni en el apartado sobre actividades de tiempo libre que aparece en la reciente ley ni en los tres decretos de 1985, 1994 y 1997, que se centran sobre todo en las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de los edificios y en regir los centros que pueden impartir formación como monitor.

Zupiria planteó revisar la Ley del Menor. Hay una estatal y otra vasca de Infancia y Adolescencia, aprobada el año pasado, y que no deja claro tampoco quién debe velar por la integridad de los niños. Hace referencia de forma genérica a que el Ejecutivo autonómico y las diputaciones deben elaborar «conjuntamente» protocolos preventivos para «construir un entorno seguro».

Los decretos de los ochenta y los noventa, específicos sobre campamentos, y la ley de 2022 tampoco ofrecen una respuesta. Esta última hace referencia a la vigilancia y control en varias ocasiones. Atribuye a los responsables de las actividades –la de Bernedo, según Zupiria, no estaba dada de alta en ningún registro, lo que parece una flagrante irregularidad–, la obligación de «facilitar la inspección al personal de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi», pero sin precisar a qué administraciones corresponde hacerlo.

Al detallar las obligaciones de las instituciones, imputa al Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de forma genérica la vigilancia y control «de los servicios y equipamientos para las personas jóvenes de su competencia» (no menciona directamente los udalekus).

En el capítulo específico sobre inspección, el sentido es similar, y establece que, cada administración en su ámbito territorial, tiene la potestad de comprobar que se cumple la ley en materia de juventud. En este caso, distingue entre la alta inspección, que vincula al Gobierno vasco, y la ordinaria, que no se especifica a quién corresponde.

En lo referente a la primera, las atribuciones del Ejecutivo autonómica serían comprobar que los servicios se adecúan a la normativa, el cumplimiento de los requisitos… La ordinaria, la que no queda claro en quién recae, recoge preceptos más concretos como «verificar» hechos que hayan derivado en una reclamación o denuncia «de particulares» o velar por «el respeto de los derechos» de los usuarios.