Los gestores de un bar del centro serán desalojados por falsear la firma de la dueña
El Tribunal Supremo sella ocho años de pulso con los herederos de la lonja y les permite reabrir la vía civil para echar a estos hosteleros, que llevan el local desde los años 90
Terremoto en uno de los bares más conocidos del centro de Vitoria. En el Palacio de Justicia han recibido la sentencia del Tribunal Supremo que ... cierra ocho años de pulso entre los gestores del establecimiento hostelero y los actuales propietarios de la lonja. El fallo, que no puede recurrirse, confirma que los responsables del local «falsificaron la firma» de la dueña original –ya fallecida– para una supuesta opción de compra de la parcela. Curiosamente presentaron ese documento, fechado en 1995, cuando los herederos de la propietarios les conminaron a irse por unas «obras inconsentidas».
Este fallo, firmado por el magistrado Manuel Marchena, cierra la vía penal y confirma las penas de «un año y nueve meses» de cárcel para cada uno de los tres hosteleros como autores de «un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa». Ninguno ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales. Aparte de que esta decisión judicial irrevocable anticipa la sentencia de muerte para su negocio.
CRONOLOGÍA
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Diciembre de 1993 La dueña arrienda la lonja a tres hosteleros por 25 años.
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2002 Esta propietaria fallece sin descendencia. Lega la propiedad a unos amigos.
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2017 Los herederos demandan a los inquilinos por «obras inconsentidas». Estos desvelan una opción de compra de 384.000 euros, fechada en 1995 y «firmada» por la fallecida. Cruce de querellas.
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Diciembre de 2018 Teórico fin de contrato. No se ejecuta.
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Verano de 2022 La Audiencia Provincial declara «falso» el contrato y condena por «estafa procesal continuada en grado de tentativa» a los tres gestores.
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Junio de 2025 El Tribunal Supremo ratifica la condena y reabre la vía civil para que los gestores sean desalojados.
De manera paralela a este pulso en la esfera penal –con pasos por la Audiencia Provincial de Álava, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Tribunal Supremo– existen dos procesos abiertos en la vía civil. Ambos se reactivarán ahora. Y uno exige específicamente el desalojo de estos gestores una vez que el contrato real de arrendamiento expiró en julio de 2020.
Desde entonces, según las resoluciones judiciales emitidas hasta ahora, «la única causa de que los acusados sigan ocupando y disfrutando del local de negocio desde entonces es la controversia generada sobre la autenticidad del documento fechado el 28 de marzo de 1995, que ellos elaboraron o encargaron elaborar». Desvelado su embuste, todo apunta a que los herederos de la dueña original continuarán con su idea del desalojo.
En parte porque el alquiler corresponde a tarifas de hace tres décadas. «La renta mensual de un contrato de arrendamiento nuevo ascendería a 5.341,54 euros, cantidad muy superior a la que abonan desde el 27 de julio de 2020 y actualmente», ya señalaron en su primera condena los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Elena Cabero.
Propuesta de compra
Este periódico ha constatado que los gestores del establecimiento trasladaron recientemente una oferta de compra de la lonja a los actuales dueños. No consta sin embargo respuesta oficial alguna, aunque medios conocedores de la situación vaticinan «una negativa» tras tantos años de litigio.
En 2017, los ahora condenados les presentaron una opción de compra por 384.000 euros –un precio «por debajo de mercado», según expertos consultados– con la famosa rúbrica. Expertos caligráficos de la Ertzaintza ya certificaron que esa firma y la de la finada no correspondían.
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