El Gabinete Urtaran asegura que el punto de recogida de enseres no peligra pese a la amenaza de desahucio

El servicio del punto de recogida de enseres de segunda mano que presta el Ayuntamiento de Vitoria a través de una empresa subcontratada se ha visto recientemente afectada por una orden de desahucio del local donde se desarrolla dicha actividad, un lanzamiento que finalmente no se ejecutó tras la negociación llevada a cabo por la compañía adjudicataria, que atraviesa graves dificultades económicas. Esta situación, sin embargo, no está afectando al servicio -denominado 'Reutilizagune', según asegura el Gabinete Urtaran, quien apunta que hay alternativas de prestarlo en otras ubicaciones.

Ante la preocupación mostrada por los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la comisión de Acción por el Clima de este martes, el concejal responsable del área, César Fernández de Landa (PNV), ha puntualizado que «era susceptible de ser desahuciado un local en el que está instalada una actividad municipal, no la actividad municipal, y esa amenaza de desahucio se ha levantado», y ha agregado que «si no se hace en ese local esa actividad se puede hacer en otros muchos otros, hay alternativas, tal y como contempla el contrato vigente».

La empresa adjudicataria «tiene la obligación de proporcionar un local, esa parte del contrato sigue en vigor, y Escor nos ha asegurado que no había ningún problema con ese local, a pesar de lo que ha pasado», ha explicado el responsable del gobierno municipal, quien ha pedido «tranquilidad» a los grupos. El edil ha agregado que el nuevo contrato se licitará en próximas fechas. «Ahora mismo no hay motivo para pensar que va a haber un incumplimiento del contrato».

Por parte de los grupos proponentes de la pregunta, Amancay Villaba (EH Bildu) ha criticado la «dejadez» del gobierno municipal y ha apuntado que el local no se desahució tras una negociación «in extremis». Óscar Fernández (Elkarrekin Podemos) también ha mostrado su preocupación sobre la continuidad y la calidad del servicio. Ambos grupos han reprochado que desde el gobierno local no se haya agilizado el nuevo contrato, que se espera «desde hace meses». Fernández de Landa ha replicado que «tenemos contratos con unas cláusulas y los firmantes se comprometen a hacer trabajos. En tanto en cuanto no los incumplan, y eso no está pasando, no se puede cuestionar».