La Fiscalía de Álava pide ahora 214 años a 10 clientes que pagaron por sexo a menores tutelados
El Ministerio endurece en un 40% su petición a las puertas del juicio, previsto para «abril o mayo». Los hechos ocurrieron durante 2016 y afectaron a 7 jóvenes
Hasta 214 años de cárcel. La Fiscalía de Álava ha elevado ostensiblemente las peticiones de prisión para ocho de los diez adultos procesados por contratar ... presuntamente los servicios sexuales de siete menores tutelados por la Diputación de Álava durante, al menos, diez meses de 2016. Con esta última modificación, y si no lo impide algún otro recurso de las partes implicadas o el covid, este macrojuicio arrancará en «abril o mayo», adelantan fuentes judiciales.
El incremento en la petición del Ministerio Público –hasta ahora era de 152 años, 62 menos– responde a un endurecimiento de los cargos presentados contra los ahora investigados. Todos son varones adultos y con vidas aparentemente convencionales. Sin embargo, pagaron por los servicios sexuales de estos menores residentes en aquella época en el centro foral Sansoheta, ahora rebautizado como Centro Educativo Terapéutico Gasteiz. Por aquel entonces, las víctimas contaban con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. A día de hoy, estos seis chicos y una chica han alcanzado la mayoría de edad y se han desligado de su entonces tutor legal.
-
214 años y medio es el global solicitado por la Fiscalía para los diez procesados por contratar servicios sexuales de un mínimo de 7 menores tutelados por la Diputación alavesa. Esta nueva calificación implica un incremento del 40% respecto a la anterior, presentada en septiembre del año pasado.
-
Treinta investigados en el proceso El Juzgado de Instrucción número 2 y la Ertzaintza investigaron a alrededor de una treintena de sospechosos. Tras meses de complejas pesquisas, sólo pudieron recogerse evidencias contra once adultos. Uno ha fallecido ya.
-
2016 En noviembre de ese año, el Juzgado abrió diligencias tras la denuncia de los servicios sociales forales, como reveló EL CORREO. El trabajo de esta sala, Ertzaintza y Fiscalía desveló que los menores tutelados llevaban meses prostituyéndose.
Según ha sabido EL CORREO, este incremento global del 40% pondrá sobre la mesa peticiones individuales de cárcel de hasta 34,5 años. El receptor de esa carga es un alavés de 65 años. Cuadruplicaba en edad a sus dos víctimas, con las que contactó a través de una web de servicios sexuales. Se veían durante las fugas de los chicos o incluso cuando estos estaban en Sansoheta. Todos los encuentros acreditados en la causa sucedieron en Vitoria o sus alrededores.
Tarifas de 10 a 400 euros
El sumario elaborado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria contiene más de mil folios. Hay registradas docenas de sórdidas conversaciones entre los clientes –el más joven era un veinteañero– con los menores en las que se regateaban con frialdad los servicios. La investigación policial, a cargo de la Ertzaintza, reveló un abanico de tarifas desde los 10 a los 400 euros. Varios clientes les regalaban ropa o drogas (principalmente cocaína y marihuana). Alguno incluso les ponía películas de contenido pornográfico.
Los cargos a los que se enfrentan estos diez adultos incluyen varios delitos continuados de abuso sexual, corrupción de menores, contra la salud pública (drogas) y exhibición de pornografía. En estos casi seis años de investigación hubo otro imputado que falleció.
A buen seguro, los abogados defensores aducirán en el juicio, a celebrar en la Audiencia Provincial de Álava, que sus clientes desconocían la edad real de los menores. «También solicitarán el atenuante de 'dilaciones indebidas' porque los hechos ocurrieron hace casi seis años», vaticinan medios judiciales.
En abril hubo una primera denuncia foral que no prosperó porque la posible víctima se fugó. De esta forma, el escándalo saltó en noviembre de 2016 y fue revelado por EL CORREO. En ese mes llegó la segunda denuncia tras descubrir un monitor mensajes comprometedores en el móvil de uno de estos chicos bajo tutela foral. La Justicia pronto destapó que los encuentros sexuales llevaban «meses» produciéndose. Uno de los procesados continuó con esas citas «hasta enero de 2017».
La Diputación se ha adherido a los postulados de la Fiscalía. La asociación Clara Campoamor actuará como acusación popular e indica que «es necesario un juicio ejemplar ante la proliferación de la prostitución y abuso de menores desprotegidos. No se ha logrado sentar en el banquillo a todos los culpables, también criticamos lo que podría ser una culpa de la Diputación en el cuidado de los menores».
«Hola. Estoy en el cole, luego hablamos»
El caballo de batalla en este proceso será demostrar que los clientes sabían de la minoría de edad de los jóvenes contratados para tener sexo. El acusado más conocido, un expsicólogo del Ayuntamiento especializado en familias desestructuradas, trató a alguno de ellos años atrás. En una de sus conversaciones pregunta «¿eres mayor de edad? No quiero problemas».El adolescente, de 14 años, le responde «sí». A otro encausado, un chico le dice que no puede negociar:«Estoy en el cole. Luego hablamos». En sede judicial se fotografió a las víctimas para que el tribunal corrobore su físico de entonces.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
