Expertos de la UPV/EHU eximen a los municipios de tener que aprobar planes para las renovables
Los ayuntamientos «pueden perfectamente oponerse», defiende el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster
En un momento en el que los planes para la implantación de energías renovables (eólica y fotovoltaica) en Álava no paran de crecer, el debate ... sobre cómo debe ser la regulación de estos proyectos ha llegado a la universidad. Expertos de la Universidad del País Vasco UPV/EHU con el catedrático emérito de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster a la cabeza, presentaron ayer sus reflexiones sobre el papel que juegan los ayuntamientos y entidades locales ante el despliegue de estas instalaciones.
Una de sus principales conclusiones es que los ayuntamientos y concejos «no están obligados» a aprobar planes especiales que regulen la instalación de energías renovables en sus zonas de actuación. «Pueden perfectamente oponerse», aseguró Lasagabaster sobre una cuestión que no es para nada menor. El pasado mes de febrero, por ejemplo, el pleno de Oion aprobó el plan especial del parque eólico de Labraza envuelto en la polémica. El alcalde José Manuel Villanueva (de EH Bildu) explicó que su formación seguía en contra del proyecto de Iberdrola y el Gobierno vasco, pero debía autorizarlo «por imperativo administrativo» para evitar una posible acusación penal por prevaricación.
97
proyectos hay sobre la mesa para renovables en Álava. 17 eólicos y 80 de fotovoltaicas
«Los ayuntamientos están en una posición de debilidad, no hay una normativa con garantías»
Pues bien, los expertos de la UPV/EHU sostienen que no existe ese riesgo de prevaricación. Es más, Lasagabaster defiende que «para nosotros el argumento es el contrario. Prevaricar sería precisamente aprobar ese plan». Y es que, explican, esos planes no pueden ir en contra de normas superiores. El problema es que todavía no existe esa norma superior ya que el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las renovables, una herramienta clave, no está aprobado de manera definitiva. Es la normativa que ordenará los suelos priorizando qué zonas son para eólicas, fotovoltaicas o cuáles gozan de especial protección para uso agrícola o por su valor ambiental. Recibió más de 4.000 alegaciones y las previsiones son que no llegue a tiempo para esta legislatura.
Mientras, en Álava hay 97 proyectos sobre la mesa a la espera de los permisos ambientales y urbanísticos (17 centrales eólicas y 80 de tecnología fotovoltaica). «Ahora mismo no hay una normativa que regule el territorio con garantías y las empresas se aprovechan de eso. Están intentando sacar tajada de esta situación», denunció Unai Pascual, miembro de Arabako Herri Unibertsitatea (AhU), el grupo de académicos y agentes sociales que ha impulsado este trabajo de análisis. «Los Ayuntamientos están en una posición de debilidad frente a hombres encorbatados que les obligan a presentar planes especiales y a aprobarlos», añadió Lasagabaster. Según datos recopilados por AhU, un total de 33 municipios y 120 concejos alaveses están en zonas susceptibles de recibir renovables.
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