Las evidencias cercan a los 6 acusados de pagar por sexo a menores tutelados por la Diputación de Álava

Las cuatro primeras sesiones celebradas en la Audiencia Provincial de Álava han servido para poner sobre la mesa numerosas evidencias. Yla mayoría contrarias a las tesis de las defensas. El quid de este proceso, que pone la lupa sobre unos hechos ocurridos entre «febrero de 2016» y «enero de 2017», se refiere a si los ahora investigados sabían o no que trataban con menores de edad. Las siete víctimas tenían entre 13 y 17 años. Algún cliente les cuadruplicaba en edad.

En este sentido, las declaraciones de los menores dejaron en mal lugar a un par de procesados. Estas testificales se celebraron a puerta cerrada, oficialmente para proteger a los seis chicos y una chica que figuran en las diligencias. La principal víctima contó el miércoles que un implicado le contactó antes de celebrarse el juicio, maniobra totalmente prohibida. «Me ofreció dinero para que no contara la verdad, pero me negué», manifestó.

Este adulto se expone a 21 años de prisión por un delito continuado de corrupción de menor de 16 años, un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y dos delitos continuados de corrupción de menor. Presuntamente pagó entre 20 y 50 euros a tres de los adolescentes, que por aquel entonces dependían de la Diputación.

Otro chico incriminó al adulto con la petición fiscal más alta; 34 años y medio entre rejas. «Le dije que era menor de edad», informó en la sala de vistas el jueves. Además, el investigado por ocho cargos (abuso sexual y corrupción de menor de 16 años como los más graves) sorprendió en su interrogatorio al acusar a una de sus víctimas de «ofrecerme un vídeo sexual» hace poco. Es decir, también ha tenido contacto.

Las fotografías realizadas a los menores en otoño de 2016 –con oficio judicial ya que en un primer momento se negaron a colaborar al no sentirse víctimas– se antoja otro puntal básico en la decisión de los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo.

También se exhibieron las imágenes que usaban estos adolescentes para anunciarse en una web de contactos. Las defensas mantienen que, al tratarse de una página para adultos, sus clientes nunca sospecharon de que se acostaban con menores de edad. Asimismo, el análisis de las conversaciones de los móviles de los afectados no hace sino apuntalar las tesis acusatorias.

Una de las mayores sorpresas de esta causa fue la declaración del exdirector de Sansoheta, también a puerta cerrada pese a ser adulto. Este testigo admitió que, cuando la madre de la principal víctima denunció que podría prostituirse, dieron «talleres de educación sexual y de habilidades sociales» a los chicos.

La voz de alarma definitiva se demoró hasta el 27 de octubre, seis meses después. Por ello, la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, anunció medidas contra la Diputación al entender que fue negligente.