Los dueños de Uleta siguen con su plan de edificar 300 chalés pese al veto municipal

El litigio viene de hace años entre los propietarios de uno de esos sectores –el exclusivo 17, ubicado entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte– y el Ayuntamiento, donde quieren levantar 294 chalés de lujo. «La vía legal sigue abierta, los recursos no se han suspendido y siguen en tramitación», aseguran a ELCORREO los afectados. Sostienen, en definitiva, que no abandonarán la vía judicial contrariamente a lo que defiende el Consistorio: que con el nuevo Plan General no hay caso.

La Junta de Concertación del Sector 17, que agrupa a estos propietarios, defiende en los tribunales que el proyecto de los chalés, que data del año 2009, contó entonces con el visto bueno municipal por ser acorde a la ordenación que existía en ese momento. Y que, precisamente por esa razón, no puede decaer por el cambio urbanístico propuesto en el nuevo Plan General.

El Ayuntamiento liderado por Gorka Urtaran (PNV) decretó hace dos años la suspensión de licencias para edificar en esa y otras zonas de la ciudad. Una medida que vence este viernes, un día después de que se apruebe con carácter provisional el nuevo Plan General. Pero el visto bueno definitivo del texto no se producirá hasta el verano. Y la incógnita que sobrevuela en el Ayuntamiento es si los propietarios afectados por la paralización de licencias tienen margen para actuar mientras no llegue esa aprobación definitiva.

Ayer en la Comisión de Urbanismo, EH Bildu defendió esa interpretación frente a un Ejecutivo que se ampara en la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que el pasado noviembre desveló este periódico. En ella se plantea que «la suspensión deja sin efecto transitoriamente la eficacia de los planes vigentes» o lo que es lo mismo, valida esa 'congelación' de licencias. Incide en que «transitoriamente (el proyecto de urbanización) queda privado de eficacia» aunque puntualiza que ese escenario «está sujeto a la decisión definitiva de aprobación» del Plan General.

«Hay sectores donde ya han entrado anteriormente las excavadoras y ya hemos visto que sus propietarios están muy dispuestos a pleitear, así que seguro que (esos propietarios) se alegran de esta ventana que se les abre porque la suspensión de licencias decae», advirtió el concejal soberanista Xabier Ruiz de Larramendi, recriminando al equipo de gobierno municipal que no haya cumplido con el plazo inicialmente previsto para la aprobación del PGOU, antes de expirar esos dos años sin concesión de licencias de obras para estas parcelas.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE), incidió en el valor que tiene lo reflejado en la sentencia del Tribunal Superior y entiende que ésta ya protege los intereses municipales hasta la aprobación definitiva del Plan General porque sigue vigente la suspensión de las obras de urbanización.

«Han generado una situación de incertidumbre y ahora no pueden garantizar que esto no vaya a tener consecuencias negativas para el interés público, ya sea por el riesgo de que haya pleitos o que se proceda a la urbanización de terrenos que se quieren desclasificar», insistió Ruiz de Larramendi en un cruce de reproches con los socialistas que protagonizó la comisión.

«Aunque se alce la suspensión (en referencia al vencimiento este viernes), no pueden entrar las excavadoras mañana porque para que una parcela sea edificable hay que dar unos pasos previos», remarcó Rodríguez. El Ayuntamiento asegura que no hay previsión de que las obras puedan activarse en cualquiera de los sectores que van a dejar de ser urbanizables. «Si eso llegase a suceder, actuaremos con las medidas legales que tengamos». El edil socialista recordó que el único caso en el que se iniciaron obras y también un proceso judicial fue el Sector 17, mientras que en el resto no han existido este tipo de problemas.

Desde el Ejecutivo se considera que si existiese algún interesado en poner en marcha un proyecto de construcción a partir del viernes, no contaría con tiempo suficiente para tramitar todas las licencias necesarias que le permitieran poner en marcha una obra. El tiempo que requiere el proceso administrativo, en suma, superaría al que hoy maneja el Ayuntamiento para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.