Diez granjas alavesas se suman a las demandas contra 'el cártel de la leche' por pactar precios

El 'cártel de la leche', como se conoce a esta especie de coalición, fue multado con el pago de 80,6 millones por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en julio de 2019 (estima que obtuvo un beneficio por encima de los 800 millones). Pero la sanción aún no es firme. Las ocho empresas y dos asociaciones colocadas bajo la lupa presentaron recurso contencioso-administrativo ante la Sección tercera de la Audiencia Nacional, que aún no ha dictaminado.

Corporación Alimentaria Peña Santa (Capsa) -grupo del que forma parte Central Lechera Asturiana-, Celega (Central Lechera de Galicia), Danone, Lactalis, Nestlé, Pascual, Puleva y Schreiber Foods (uno de los proveedores de Mercadona) son los 'gigantes' señalados por la CNMC, además de las asociaciones de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de las de Catalunya.

Los hechos objeto de la multa se refieren al periodo 2000-2013. «Intercambiaron información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche» con el objetivo de «consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca», reza en la resolución de Competencia.

Aunque ésta aún no sea firme, «abre la posibilidad de que los afectados puedan reclamar daños y perjuicios». Y en eso están hoy, hasta el momento, 1.173 granjas del país con un despacho catalán especializado en cárteles. Y otros 6.000, con el madrileño Eskariam que está personado ante la Audiencia Nacional (en nombre de un afectado) para defender la multa de la CNMC. Tres años y dos meses lleva valorando el citado recurso. «Pero es lo habitual. Hay tiempo», explica Andoni de la Llosa, experto en derecho de la competencia de Redi Abogados, el otro bufete que coordina los pleitos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmaba, de hecho, el pasado agosto, en un proceso contra cartelistas del transporte, que los perjudicados tienen hasta cinco años para entablar una batalla legal.

«Por desgracia sabemos que va a ser muy largo. Pero nosotros, los ganaderos, la multa la hemos pagado dos veces. Y esto no ha parado, porque seguimos con la bajada de precios. Tenemos que hacer algo», explican desde Ribatxenta de Olávarre, una explotación alavesa de tamaño medio, emplazada en Iruña de Oca, que se ha sumado a la demanda.

Ana y Chema (53 y 56 años, respectivamente), dos de los hermanos que dirigen el negocio, insisten en que la gran industria «aún continúa» con la inercia de precios bajos. En septiembre percibieron 0,47 euros por cada litro de leche ordeñada. 0,55 o 0,60 céntimos serían importes más justos, «más rentables», argumentan. «Seguimos en pérdidas, nos hundimos poco a poco, y 15 céntimos son muchos céntimos. Así que si ganamos -añaden con cierta ironía-, igual cobramos antes de jubilarnos».

Como en otras explotaciones alavesas, ellos también están retirando ganado «para subsistir». En la actualidad tienen 250 animales, de los que 120 son vacas de ordeño. «Habrá que quitar más animales en los próximos meses», explica Chema. Tormenta perfecta. Baja rentabilidad de la leche, altos costes del pienso (cinco mil euros de media y subiendo), y una factura energética difícil de contener (900 euros pagaron por la electricidad en abril; 4.000 en septiembre).

En 2000, el año que sirve de punto de partida para la investigación del cártel, existían en España 61.000 granjas de vaca lechera. Hoy el censo se mueve en las 10.000. Falta de relevo generacional, pero también un torrente de números rojos. Las demandas que se preparan son también una herramienta para quienes se quedaron en el camino, al menos hasta 2013.

«De nuestros 1.173 ganaderos probablemente la mitad ya no ordeña vacas. La clave es que hayan vendido litros a partir del año 2000», explica el abogado De la Llosa, quien argumenta que la identificación del cártel por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia también permite a las granjas que no trabajaron con ninguna de las empresas sancionadas exigir daños. ¿El motivo? Con ese acuerdo «deprimieron los precios de la leche en todo el sector». Establecieron una especie de 'suelo' que otras empresas mejoraron, sí, pero que marcaba una suerte de referencia base.

«Si lo ganas cobran y si no ganas, no cobran. Cuando entran en ello con esta fórmula es que lo ven bastante claro, ¿no?» Es el planteamiento que se hace Chema, el ganadero alavés. Redi Abogados tiene un acuerdo con un fondo de inversión alemán que «paga todo (recursos, procuradores, notario....) y les cubre las costas en caso de perder. A cambio, el grupo inversor se queda con el 30% de la reclamación». El despacho madrileño mantiene en sus reuniones con ganaderos la misma propuesta: «Sin gastos, sin riesgos y 100% ligada al éxito de la reclamación».