Las comunidades de vecinos de Vitoria se movilizan para vetar los pisos turísticos

Así que lo que está ocurriendo es que decenas de portales están activando este mecanismo en la capital alavesa a modo de prevención. La mayoría de peticiones las concentra el Casco Viejo, con hasta diez bloques que ya están en trámites para vetar este tipo de viviendas, según datos aportados por la Asociación Gasteiz Txiki. Aunque otros distritos más periféricos como Salburua, Adurza o el entorno de la Universidad también se están poniendo las pilas en este sentido con, al menos, otras cuatro consultas o restricciones más que hayan trascendido.

En la zona Medieval, donde las afecciones son mayores, casi todas las movilizaciones se han iniciado en las calles Cuchillería, Pintorería, Nueva Fuera y Zapatería, aunque no mucho más lejos de esas vías «por lo menos, quince comunidades más están haciendo consultas a los administradores fincas sobre el proceso que hay que seguir», apunta a este periódico el portavoz de la organización, Manu Arakama.

Como se ha planteado, para poner en marcha esas restricciones se debe realizar un cambio de estatutos. Aunque «sólo podrán limitar las nuevas viviendas turísticas que se pongan en marcha y a aquellas que no estén inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE)», según detallan fuentes del Colegio de Administradores de Fincas de Álava y Gipuzkoa (CAFGUIAL). Es decir, poco o nada se podrá hacer frente a los alojamientos que ya estén operando con todos los papeles en regla.

Ahora bien, una vez se cuente con todos los requisitos para llevar a cabo la modificación del reglamento, ésta se deberá registrar ante notario. «Si no hay inscripción, no tiene validez alguna», advierten los mismos medios, que añaden que estos gastos pueden oscilar en Vitoria entre 600 y 2.000 euros.

Pese al elevado coste que puede acarrear esta formalidad, los motivos tras la «avalancha» de solicitudes que se están produciendo en la 'almendra' son sencillos de entender. De los 114 pisos y habitaciones turísticas que tiene contabilizados el Ejecutivo autonómico (el Ayuntamiento habla de 104 y el Instituto Nacional de Estadística eleva la cifra a 177), el 26% se ubican en esa zona, mientras que el centro concentra en los metros más cercanos otra cuarta parte de ese global, que no tiene en cuenta esos otros inmuebles que operan sin licencia.

Por otra parte, si bien «existe una suspensión temporal de concesión de estos permisos hasta que se apruebe el Plan Especial de Rehabilitación Integrada (PERI)» –recuerda Arakama–, también hay una necesidad de «regulación» que evite una proliferación descontrolada, algo que ya les está empezando a preocupar.

En este sentido, el último Pleno municipal se posicionó para limitar su número en el barrio, tras un acuerdo del Gobierno del PSE-PNV con Elkarrekin Podemos. La intención es hacerlo a través del nuevo PERI (el actual fue aprobado en 2006), que tendrá su primera versión «en otoño» de este año, según la previsión que maneja el departamento de Modelo de Ciudad que encabeza Borja Rodríguez (PSE).

Tras eso, lo más probable es que la aprobación inicial se produzca poco antes de final de año. Luego se abrirá el periodo de alegaciones para que los vecinos o agentes económicos y sociales hagan sus aportaciones y, como último paso, llegará la aprobación definitiva y su entrada en vigor. El Gabinete Etxebarria no descarta, entonces, que el visto bueno definitivo llegue a lo largo de 2025, aunque es probable que haya que esperar a 2026. Pese a esos plazos, cabe tener en cuenta que 850 viviendas de este área se regirán por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –el documento urbanístico de mayor rango– que espera a su aprobación definitiva en «verano de 2025». El nuevo Plan General -a diferencia de lo que sucede con el que aún está en vigor- regula el emplazamiento de las viviendas turísticas; sólo en primera planta.

Todo estas regulaciones burocráticas que deberán aguardar tanto el Casco Viejo como el resto de distritos de la capital alavesa están provocando que los vecinos estén buscando otras fórmulas para tomar la delantera. Las asociaciones consultadas consideran que, por el momento, «no suponen un problema como en otras ciudades», pero su presencia sí «provoca la subida del precio de la vivienda», por lo que prefieren buscar herramientas con las que puedan blindarse ante ellos.

Con todo, en Vitoria el problema del turismo no llega a la misma magnitud que alcanza en las otras dos capitales vascas. O, si se prefiere mirar fuera de la comunidad, al que está provocando manifestaciones multitudinarias en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Cádiz.

Los administradores de fincas de Álava y Gipuzkoa cifran en un porcentaje muy bajo, menor al 10%, las gestiones que han debido realizar sobre este tema hasta ahora en el territorio histórico, por las «diarias» que abordan en San Sebastián. Allí rebasan los 2.000 pisos destinados a este fin, pese a que están suspendidas desde hace más de un año las licencias para su apertura. En Bilbao se roza el millar (995) y en doce meses la cifra se ha incrementado un 30%.