La Comisión de Ética de la Diputación de Álava respalda que Barredo siga en el cargo, pese a la investigación de Fiscalía

La comisión defiende que puede seguir en el cargo, aunque «si finalmente las actuaciones judiciales desembocan en la apertura de juicio oral esta comisión recomienda el cese cautelar». Este órgano está presidido por la teniente de diputado general Cristina González y tres vocales.

El informe al que ha tenido acceso EL CORREO tiene su origen en la consulta remitida el 5 de julio por el propio diputado general tras conocer a través de la Prensa las diligencia abiertas por la Fiscalía sobre la diputada que acababa de nombrar. «En aras a una total transparencia en la actuación de los servidores públicos formula consulta sobre si es necesario adoptar alguna decisión como consecuencia de los hechos indicados», se lee en el texto.

La propia Barredo informó de que «en su día» había recibido una notificación del Ministerio Público de «conclusión de diligencias preprocesales y remisión al Juzgado de Instrucción».

Y es que se le investiga por un posible delito de prevaricación administrativa en torno a un proyecto empresarial en Bergara cuando era viceconsejera del Gobierno vasco y autorizó una planta de residuos papeleros, pese al rechazo de este ayuntamiento del Alto Deba, que gobierna EH Bildu. La compañía solicitó un tipo de licencia que la normativa municipal permitía y cambió el tipo de actividad al acudir al Ejecutivo autonómico. La presunta irregularidad denunciada por los colectivos ecologistas y que ahora se investiga es si Lakua desoyó el aviso del Consistorio guipuzcoano sobre esa variación, contraria al marco urbanístico.

Amaia Barredo, que hasta ahora ha eludido dar explicaciones en público sobre este asunto, defendió en la comunicación remitida a la Comisión de Ética Pública que durante su época como viceconsejera realizó «su trabajo con honestidad, de acuerdo al marco legal establecido y con el aval técnico y jurídico de especialistas de las diferentes áreas intervenientes en materia de autorizaciones ambientales».

La comisión foral sólo acepta consultas sobre las actitudes y comportamientos de los altos cargos durante su etapa en la Diputación. Se les reclama los «principios de imparcialidad, objetividad, responsabilidad por la gestión, transparencia, honestidad, desinterés y respeto de las funciones que tienen legalmente asignadas. Pero en el caso del principio de ejemplaridad es más difícil marcar fronteras entre el pasado y el presente o entre separar la vida pública de la privada».

«Puede entenderse que dificilmente puede transmitir confianza un cargo público que pudiera estar incursa en un procedimiento penal, aunque los hechos que lo motiven fueran anteriores a su nombramiento», admite la resolución, aunque cuestiona a partir de que momento procesal -imputación, apertura de juicio oral o fecha de emisión de sentencia condenatoria- se puede hablar de «incompatibilidad para el ejercicio de un cargo público foral». Finalmente, y mirándose en el 'espejo' de la Comisión de Ética del País Vasco, considera que esas exigencias de ejemplaridad se podrían reclamar a partir de la apertura de juicio oral con un posible «cese cautelar».

Ramiro González y Amaia Barredo tienen previsto comparecer en las próximas semanas ante las Juntas Generales para dar detalles sobre este asunto y su nombramiento como diputada.